Personas defensoras de la tierra y el territorio denuncian ante Relator de la ONU casos de violaciones a derechos humanos

  • En la reunión se expusieron las violaciones a derechos humanos por parte de la industria extractiva a la comunidad  del Ejido La Sierrita, en Durango, y los riesgos que enfrentan como defensoras y defensores comunitarios
  • La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco de Oaxaca expuso las violaciones y afectaciones que enfrenta debido a la instalación de parques eólicos y la falta de consulta
  • El Relator estará en México en una visita oficial del 16 al 24 de enero del año en curso

Ciudad de México 16 de enero, 2017.  Para tener un panorama más completo sobre el contexto dentro del cual las defensoras y los defensores de derechos humanos realizan su labor, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, se reunió con personas defensoras quienes presentaron sus casos sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatales y federal.

La reunión se dio en el marco de la visita oficial de nueve días del Relator en México. El Ejido de La Sierrita de Galeana en Durango, presentó su caso, que es emblemático de la defensa de la tierra y los bienes naturales ante la industria extractiva en el país. En esta zona, se encuentran importantes yacimientos de plata, plomo y zinc, recursos que han sido explotados a lo largo de los últimos 12 años en la mina La Platosa, perteneciente a Excellon de México S.A de C.V.

La empresa inició operaciones en el Ejido utilizando 27 hectáreas por 30 años y haciendo un pago único por 1 millón 200 mil pesos. Después de varias inconsistencias y violaciones por parte de la empresa a ese primer contrato, las ejidatarias y los ejidatarios buscaron de manera pacífica dialogar con la empresa por lo que se llegó a un acuerdo en 2008. En ese año, ambas partes firmaron un contrato de ocupación temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales que aumentaría año con año dependiendo de la inflación.

En ese contrato se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales que en su mayoría fueron incumplidas por la empresa. Fue así que en septiembre de 2012 las y los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, por rescisión del contrato.

Al respecto, Daniel Pacheco, Presidente del Comisariado ejidal de La Sierrita, señaló: “a lo largo del 2013 sufrimos amenazas, hostigamiento y violencia por parte de diversos grupos, principalmente de la empresa y un sindicato de protección patronal.
Aunado a ello, la organización ProDESC que acompaña al Ejido, enfrentó también una campaña de desprestigio, estigmatización y hostigamiento en su contra y el allanamiento de sus oficinas en el 2013”.

Tras cuatro años de juicio en noviembre de 2016, el Tribunal estableció el término de la relación contractual entre ejidatarias y ejidatarios de La Sierrita y Excellon de México, por lo que la empresa tendría que hacer entrega inmediata de las mil 100 hectáreas de tierras pertenecientes al Ejido, así como el pago de una claúsula penal establecida en el contrato por la cantidad de $5,500,000.00 pesos a favor del Ejido. Asimismo, este Tribunal estableció que el Ejido debía pagar a la empresa la cantidad de $5,612,038.00 pesos, manteniendo un embargo sobre las tierras hasta que se realice el pago.

Para finalizar su participación Pacheco añadió que “en un contexto como el mexicano, donde el acceso a la justicia es el camino más difícil para las comunidades que defienden sus derechos, es fundamental el apoyo de instancias como su relatoría, que puedan hacer recomendaciones al gobierno mexicano para priorizar los derechos de las comunidades por encima de los intereses de las empresas transnacionales”.

Otro de los casos expuestos ante el Relator fue el de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), que con el acompañamiento de ProDESC ha presentado diversos amparos ante la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo de la empresa Gas Natural Fenosa, y las violaciones al proceso de consulta que realizó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, Oaxaca, en el año 2014 para la instalación del parque eólico de la empresa Eólica del Sur.

El proceso de consulta fue documentadado por la Misión de Observación integrada por varias organizaciones, incluida ProDESC. Al respecto de este proceso Mariano López vocero de la APPJ expuso ante el Relator Forst que: “no se cumplieron los principios básicos establecidos por el Convenio 169 de la OIT. Además, se documentaron más de 30 incidentes de seguridad, la mayoría en contra de quienes cuestionaron la implementación del proyecto, el procedimiento o la información otorgada durante la consulta indígena”.

Al cierre de su participación, López añadió: “para las comunidades indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec el incremento de parques eólicos en la región ha representado un aumento en las violaciones a nuestros derechos humanos, en particular, del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Con la reforma energética y su correspondiente paquete de leyes secundarias, el plan de desarrollo de parques de generación de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec pretende expandirse sin considerar los derechos de las comunidades”.

La visita del Relator a nuestro país cerrará con una conferencia de prensa para presentar su informe preeliminar, que incluirá algunas recomendaciones al respecto de las visitas que realice a los estados de Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, así como las diferentes reuniones con autoridades estatales, federales, organizaciones de derechos humanos y defensores.

 

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