COMUNICADO: Prevalece impunidad en procesos de consulta indígena en México

  • Juez niega acceso a la justicia a comunidad indígena que presentó amparo por la primera consulta indígena en México.
  • En la sentencia se desestiman las pruebas presentadas y se pasan por alto los más altos estándares de derechos humanos.
  • Prevalece la impunidad contra las comunidades indígenas que defienden sus derechos a la tierra, el territorio y los bienes naturales ante la industria eólica en México.

Oaxaca, Oaxaca a 19 de abril, 2017. Luego de un año y ocho meses de dilación, el Sexto Juzgado de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, emitió una sentencia que niega el acceso a la justicia para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán. La comunidad por medio de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) interpuso un amparo en agosto de 2015 por violaciones a los principios del derecho a la consulta.

El amparo se presentó por el cierre de la primera consulta indígena que se llevó a cabo en México en el marco de la reforma energética. Ésta se realizó en Juchitán Oaxaca, en 2014, a través de la Secretaría de Energía (SENER) para la instalación de un parque eólico de la empresa Eólica del Sur. Este proceso fue documentado por la Misión de Observación (MO) integrada por varias organizaciones, incluida el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), quienes reportaron distintas violaciones al derecho a la consulta libre, previa e informada.

El pasado 17 de marzo de 2017, el juez Anastacio Ochoa Pacheco finalmente dictó sentencia. Sin embargo, el Coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, Juan Antonio López, observó que, para la elaboración de esta sentencia, el Juez Sexto de Distrito hizo caso omiso, desestimó y no incluyó en sus argumentos las pruebas presentadas en video, que evidencian distintas violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán.

ANTECEDENTES

El 19 de agosto de 2015, la APPJ, acompañada por ProDESC, interpuso una demanda de amparo por el cierre de la consulta. En este recurso legal se argumenta: 1) el otorgamiento anticipado de permisos; 2) la falta de información culturalmente adecuada para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán por parte de las autoridades que llevaron a cabo la consulta; y 3) por el cierre de la consulta misma.

Durante ocho meses, la MO documentó que la consulta no respetó los más altos estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que la consulta indígena debe ser: libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Esta información fue presentada como prueba en el amparo, ya que constata lo siguiente:

La consulta no fue libre ya que la MO documentó con videos y notas periodísticas más de 30 incidentes de seguridad entre amenazas y hostigamientos. Es importante señalar que dentro del “Protocolo de consulta” se establece que este tipo de pruebas podrán servir para documentar el proceso, sin embargo, el juez determinó que las notas no eran una prueba plena idónea.

No fue previa ya que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales expidió las manifestaciones de impacto ambiental antes de iniciar la consulta. De igual forma, la Comisión Reguladora de Energía expidió el “Título de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica”. El Juez argumentó que el otorgamiento de los permisos no genera afectaciones debido a que el proyecto no había iniciado.

No fue Informada ya que la SENER reconoce públicamente que la información relacionada con el desarrollo del proyecto se encontraba disponible en internet, omitiendo el hecho de que las personas integrantes de la comunidad tienen como segundo idioma el español. Además de que la información era muy técnica para ser comprendida en su totalidad.

No fue culturalmente adecuada ya que como parte de las pruebas presentadas por ProDESC se documenta en video que en muchas de las sesiones no llegaron los peritos traductores del idioma zapoteco necesarios para que todas las personas pudieran comprender las implicaciones del proyecto y las posibles afectaciones.

No fue de buena fe ya que se documentó la presencia de representantes del gobierno, quienes influenciaron a ciertos grupos que presionaron el cierre de la consulta.

Al respecto, Isabel Jiménez, integrante de la APPJ y defensora comunitaria, expresó que “la llegada de los parques eólicos a la región ha derivado en diversas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, principalmente, del derecho al consentimiento libre, previo e informado y del derecho a la consulta ya que nosotras y nosotros tenemos también el derecho a elegir nuestro propio desarrollo”.

Con la negación de este amparo, las autoridades del estado de Oaxaca están permitiendo que el ambiente de impunidad que impera en el país sea también el que predomine en la región del Istmo de Tehuantepec, afectando a las comunidades indígenas que se encuentran en procesos de defensa de sus derechos a la tierra, al territorio y los bienes naturales ante la industria eólica en México.

*Los reportes de la MO se pueden consultar en la siguiente liga: http://bit.ly/2aQGl3d

Impunity prevails in indigenous consultation processes in Mexico. 

  • A judge denies access to justice to an indigenous community, which asked for an amparo during the first indigenous consultation in Mexico.
  • In the ruling, the evidence is rejected and human rights standards are overseen.
  • Impunity prevails against indigenous communities which defend their rights to land, territory and natural resources against the wind energy industry in Mexico.

Oaxaca, Oax. April 18th, 2017. After one year and eight months, the Sixth Court at Salina Cruz Oaxaca, emitted a sentence that denies the access to justice to the Zapotec community of Juchitan. The Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), presented an amparo due to irregularities to exert their right to consultation back in august of 2015.

The amparo was presented at the end of the first indigenous consultation in Mexico as a result of the Energy Reform. The consultation took place in Juchitán, Oaxaca in 2014 organized by the Secretary of Energy due to the construction of a wind energy farm by the company Eólica del Sur. This process was documented by the Observation Mission (OM), integrated by several organizations, including ProDESC. They reported a number of violations to the right to free, prior and informed consultation.

On March 17th, 2017, the Judge Anastacio Ochoa Pacheco, finally ruled a sentence.  However the Coordinator of Transnational Justice Area of ProDESC, Juan Antonio López, pointed out that to elaborate this ruling the Judge neglected the video evidence, that showed several human rights violations against the Zapotec indigenous community of Juchitán.

Background information

On August 19th, 2015, the APPJ, accompanied by ProDESC, presented an amparo because of the closing of the consultation. In this legal instrument it is argued that: 1) the permits were given in an anticipated manner prior to the consultation; 2) there was a lack of information from the authorities that organized the consultation and a lack of a cultural perspective appropriate for the Zapotec indigenous community of Juchitan; 3) due to the closing of the consultation.

During eight months the OM documented that the consultation did not observed the highest international standards established by the Convention 169 of the International Labour Organization, which establishes that the indigenous consultation should be free, prior, informed, culturally adapted, and undertaken in good faith. The information documented by the OM was presented as evidence in the amparo because:

The consultation was not free since the OM documented with videos and newspaper articles that there were more than 30 security incidents, including threats and harassment. It is important to point out that the “Consultation Protocol” establishes that this type of evidence could be used to document the process; however the Judge determined that the newspaper articles were not a full proof.

It was not prior because the Secretary of Environment and Natural Resources emitted the evaluations of environmental impact before the consultation. Similarly the Energy Regulatory Commission issued the “Title of Permission of Self Production of Electric Energy” also before the consultation. The Judge ruled that the issuing of permits was not a problem because the project had not started.

It was not informed because the Secretary of Energy publicly recognizes that the information related to the development of the project was available in Internet, neglecting the fact that for the people of the community Spanish is not their first language. Moreover, the information was too technical to be accessible by the community.

It was not culturally adapted since the video evidence obtained by ProDESC showed that during many sessions the Zapotec translators were not present. Their presence was essential for people to comprehend the implications of the project and their consequences.

It was not undertaken in good faith since it was documented that government officials were present to influence certain groups to close the consultation.

Isabel Jimenez, a member of the APPJ, and a community human rights defender, stated that “the arrival of the wind energy parks to the region has resulted in several violations of the rights to indigenous peoples, mainly in the right to free, prior and informed consent, and to the right of consultation since we have the right to choose our own process of development”.

With the rejection of the amparo the authorities in the state of Oaxaca are allowing a state of impunity, common across the country, to be established in the region of Istmo of Tehuantepec, affecting the indigenous communities that are defending their rights to land, territory and natural resources against the wind energy industry in Mexico.