Desde que Wal-Mart entró en el mercado mexicano en 1991, la empresa se ha convertido en una de las mayores concentraciones de poder económico en el país. Para la segunda mayor empresa en el mundo, esto se ha traducido en un cheque en blanco para evadir estándares legales en materia de prácticas laborales, arrollar a grupos comunitarios con masivos proyectos de construcción y depredar el medio ambiente. Walmex, la subsidiaria mexicana de la trasnacional, defiende sus prácticas afirmando que los precios bajos benefician a las familias mexicanas comunes, aunque la principal clientela de la empresa son familias de clase media y alta. Sin embargo, los precios bajos de Walmex tienen un alto costo para los mexicanos, uno que el país ya no puede pagar.