Los trabajadores y trabajadoras migrantes en Estados Unidos expulsados de sus países de origen por causas económicas, son poblaciones especialmente vulnerables a ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos laborales. Ejemplos comunes de estas violaciones son el incumplimiento del pago de salario, las condiciones insatisfactorias de trabajo, discriminación laboral o la imposibilidad de organizarse para reivindicar colectivamente sus derechos, dándose en muchas ocasiones en un contexto de intimidación por parte de la policía o de sus propios empleadores.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan los y las trabajadoras migrantes es el desconocimiento de las protecciones jurídicas a los que pueden acceder tanto en sus paises de origen como en Estados Unidos. Las diferencias estructurales en las leyes tanto de México como de Estados Unidos tampoco facilitan un mayor conocimiento de los derechos laborales de los y las trabajadoras migrantes, asi como de los organizadores y abogados que trabajan en la defensa binacional de los trabajadores migrantes.

Wal-Mart de México viola los derechos laborales de miles de trabajadoras quienes laboran jornadas que superan los horarios establecidos por la Norma Mexicana, trabajan en condiciones de estrés por el mal trato de sus jefes, carecen de servicio y perciben salarios muy bajos.

El día de hoy Amnistía Internacional emitió una acción urgente referente al caso de Huizopa, comunidad que se encuentra defendiendo sus derechos frente a la minera transnacional Minefinders.

La acción urgente establece que “el profesor de primaria, Dante Valdez, fue atacado el 13 de agosto por un grupo de aproximadamente 30 personas quienes irrumpieron en una escuela local de Madera, en el estado de Chihuahua, donde el profesor estaba dando un curso de actualización. Los atacantes, la mayoría de los cuales trabajan para una minera local, lo empujaron y patearon, y le dijeron que se mantuvieran fuera de sus asuntos. Otros maestros del curso intervinieron para proteger a Dante Valdez. Posteriormente él reportó el ataque ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Amnistía Internacional ha sido informada que ninguna investigación se ha iniciado sobre el ataque.”