Aministia Internacional AU: ACTIVISTAS LABORALES EN PELIGRO EN MÉXICO
Los sindicalistas independientes Cándido Corona Barruecos y Virgilio Meléndez Montiel han sido agredidos y amenazados por hombres armados en la fábrica en la que trabajan, en el estado de Puebla, en el centro de México. Los miembros de una organización no gubernamental de defensa de los derechos laborales que apoya a los sindicalistas han recibido amenazas de muerte.

Descargar documento: AU sindicalistas 24106110.aus (AU 187-10 MÉXICO)

Consideramos que los hechos ocurridos el día 16 de agosto de 2010 en las instalaciones de la empresa Control Johnson Interiores en Puebla, son una flagrante violación a los derechos humanos laborales en contra de los trabajadores y trabajadoras de la Seccion Sindical 308 del SNTMMRM y se hace evidente que se realizan con el objetivo de desalentar la reivindicacion de sus derechos humanos laborales, y en particular su derecho a la libertad de asociación sindical.

El Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales exhorta al gobierno del Estado de Puebla, especialmente a las autoridades dependientes de la Secretaria del Trabajo a que, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenios Internacionales firmados y ratificados en México en materia de derechos humanos, se garantice el respeto, protección y defensa de los derechos de los integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador en Puebla (CAT, Puebla) y de los trabajadores y trabajadoras de la Sección 308 del SNTMMRM.

De igual forma hacemos público nuestro beneplácito por el acuerdo firmado el pasado 20 de agosto, entre los y las trabajadoras del la Sección 308 del SNTMMRM y la empresa Johnson Controls Servicios, S. de R.L de C.V. en donde se reconoce plenamente al Sindicato Minero como el representante genuino de los trabajadores y trabajadoras de la empresa antes mencionada. Instamos a la empresa Johnson Control a que cumpla a cabalidad los compromisos asumidos en las negociaciones del 20 de agosto y a las autoridades del estado de Puebla que investigue y sancione las violaciones a los derechos humanos de los y las trabajadoras de la seccion 308 del Sindicato Minero ocurridas el pasado 16 de agosto a manos de integrantes de la Confederación de Organizaciones Sindicales.

Al Centro de Apoyo al Trabajador le reconocemos todo el trabajo realizado por la defensa de los derechos humanos laborales en el estado de Puebla asi como su incansable compromiso con los y las trabajadoras.

Atentamente
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C.
Descargar:
pronunciamiento Solidaridad CAT

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Accion Urgente JC 16 agosto

Agresión y hostigamiento a defensores y defensoras de derechos humanos laborales integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador A.C.

El día 9 de agosto de 2010, en la comunidad de San Luis Teolocholco Tlaxcala, Enrique Morales, Coral Juárez y María Luisa Rosina, integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador A.C., en el Estado de Puebla, fueron amenazados por cuatro hombres mientras realizaban su trabajo de campo el cual consiste en visitas de información y capacitación en derechos humanos laborales a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Johnson Controls.accion urgente CAT 10 agosto

Más información:

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/08/13/puebla/eco204.php

Después de tres horas de negociaciones, los representantes de los trabajadores y la empresa llegaron a un acuerdo, en el que atendieron todas las peticiones de los y las trabajadoras. El acuerdo, firmado y ratificado por los y las trabajadoras, dispone lo siguiente:

• La empresa JC, se obliga a desconocer legalmente al Sindicato de Trabajadores Empleados de Extracción, Transformadores de Minerales y Fibras Naturales, Similares y Conexos de la Republica Mexicana, así como la representación legal del mismo.
• La empresa JC se obliga a respetar el derecho de los trabajadores a la libre asociación sindical, en virtud de que han decidido afiliarse al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) y en consecuencia la empresa JC, brindará todo el apoyo necesario con las autoridades para efectos del registro del Contrato Colectivo de Trabajo.
• La empresa JC se obliga a no ejercitar acción legal en contra de los trabajadores. Además, la empresa JC se obliga a no llevar ningún acto de coacción o represión a los trabajadores que participaron en el paro.
• La empresa JC se obliga a pagar los salarios completos para los días del paro y un bono de compensación de utilidades del año 2009 por la cantidad de $100USD, que pagarán el día 31 de mayo, 2010.
• La empresa JC también se obliga a ofrecer la contratación de los trabajadores que actualmente están subcontratados por la empresa One Digit.
• Los trabajadores se obligan a reanudar sus labores normales el día 31 de mayo, 2010.

ProDESC, y todos los grupos participantes en este esfuerzo, agradecen la acción solidaria a todos los grupos que participaron en esta lucha. Consideramos que los esfuerzos estos esfuerzos colectivos los y las trabajadores lograron reivindicar su derecho a la libertad sindical y la voluntad de la empresa a reconocer el sindicato de su elección. Además se logró que la empresa contrate los empleados de la subcontratista OneDigit, y que los y las trabajadoras tengan un reparto de utilidades más justo. ProDESC seguirá monitoreando la situación para asegurar que se lleve a cabalidad. También, esperamos que la empresa Johnson Controls, siguiendo esta acción respete el derecho a la libertad sindical de los trabajadores de su planta FINSA en Puebla.

Johnson Controls Workers Win Recognition of Freedom of Association

After three days of strike and local and international solidarity action, last Saturday May 29th at approximately 2pm representatives of Johnson Controls sat down for talks with the workers. Present at the negotiation were legal representatives of Johnson Controls, along with the Sub-Secretary for Labor of the State of Puebla and the President of the Puebla Labor Board. Representing the workers was the workers’ negotiation committee, accompanied by advisors from the Worker Support Center (CAT) of Puebla, SNTMMSSRM, the union freely chosen by the workers, and the international Solidarity Center (AFL-CIO).

Following three hours of negotiations, the workers and the company reached an agreement in which all of the workers’ demands were successfully addressed. The agreement, signed and ratified by the workers, stipulates the following key conditions:

• Johnson Controls must end its legal recognition of the company-controlled ‘protection’ union, the Union of Workers and Employees of Extraction, Transformation of Minerals and Natural Fibers, Similar and Related, of the Mexican Republic.
• Johnson Controls must respect the workers’ right to freedom of association. In doing so, it must recognize their choice to affiliate themselves with the union SNTMMSSRM and provide all support necessary to this union in order to appropriately register the collective bargaining agreement.
• Johnson Controls will take no legal action against the workers for the strike, nor will it carry out reprisals against the strike’s participants.
• Johnson Controls will pay full wages for time lost due to the strike, and a $100USD profit-sharing bonus to each worker, to be paid out on May 31st, 2010.
• Johnson Controls will also offer employment to all current employees of the firm OneDigit
• The workers will resume working according to their scheduled shifts on May 31st, 2010.

ProDESC thanks all groups for their solidarity action, which in combination with workers’ efforts has led to the workers’ chosen union taking over the collective bargaining agreement, the employment of previously subcontracted workers, and a better profit-sharing deal. We will continue to monitor the situation to ensure that the agreement is fully implemented. We hope that Johnson Controls will also respect the right to freedom of association of the workers in its FINSA plant in Puebla.

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Uno de los principales obstáculos que enfrentan los y las trabajadoras migrantes es el desconocimiento de las protecciones jurídicas a los que pueden acceder tanto en sus paises de origen como en Estados Unidos. Las diferencias estructurales en las leyes tanto de México como de Estados Unidos tampoco facilitan un mayor conocimiento de los derechos laborales de los y las trabajadoras migrantes, asi como de los organizadores y abogados que trabajan en la defensa binacional de los trabajadores migrantes.

La gravedad de las violaciones a derechos humanos, la deficiencia en los sistemas jurídicos de los dos países para atender estas violaciones, y el hecho de que los dos países estén económicamente interrelacionados, requiere que las estrategias y soluciones a estos problemas sea conjunta, y con una visión de defensa transnacional.

Es en este sentido que el manual Manual por Justicia Binacional, Un Marco Normativo para la defensa de trabajadoras y trabajadores migrantes en México y los Estados Unidos elaborado por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC (ProDESC) y Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM), busca proveer herramientas estratégicas para defensores y defensoras de los derechos humanos laborales de los dos países.

El manual presenta una visión general sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos y sobre experiencias sindicales internacionales a las que pueden acudir estos defensores. También brinda información específica sobre el marco normativo de México y Estados Unidos que protege a los derechos humanos laborales de las personas migrantes y una sección de análisis de casos concretos que ejemplifican las posibilidades de recurrir a instancias nacionales e internacionales para lograr el acceso a la justicia en violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migrantes en ambos lados de la frontera.

Para más información:
Contacto prensa ProDESC:Valeria Scorza
Tel: 52122229 / 52122230
Cel: 55-39897463
valeriaprodesc@gmail.com
www.prodesc.org

Sin embargo en los campos agrícolas de Sinaloa, donde trabajan durante cuatro o seis meses al año, sufren de violaciones a sus derechos humanos y laborales.

“Todas las violaciones que existen a la Ley Federal del Trabajo, desde condiciones satisfactorias de trabajo, que no existen viviendas satisfactorias, hasta servicios de salud, hasta un salario suficiente”, dijo Valeria Scorza, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“Estamos viendo que hay un descontrol, no hay una tarifa que le estén pagando a los jornaleros, están pagando de 72 pesos a 80, hay campos que están pagando 120 entonces pues a ver qué pasa ahí”, expresó Juan López García, del Frente Unificación Lucha Trique.

A través del documental Migrar o Morir, organizaciones no gubernamentales denuncian éstos y otros abusos.

En estos campos es común ver a niños pequeños trabajando como los adultos, pero por la mitad del salario. Las mujeres embarazadas no tienen derecho a periodos de incapacidad y en los centros de salud son víctimas de discriminación.

“Prefieren mejor aliviarse solas o enfrentar solas la enfermedad allá en los campos, en los surcos y es muy grave porque la verdad muchas de ellas pues regresan con ya problemas de enfermedades como cáncer cérvico uterino que es lo que más prevalece en las trabajadoras agrícolas de la montaña”, indicó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

Los productores esperan que este documental sirva para crear conciencia sobre la necesidad de regular el trabajo de los jornaleros.

De acuerdo con el estudio “Lo barato sale caro: violaciones a los derechos humanos laborales en Wal-Mart México”, que realizó Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) con el apoyo de las organizaciones Wal-Mart Watch y la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer (Semillas), las trabajadoras perciben salarios muy bajos, por lo que el éxito de la trasnacional no se refleja en las condiciones de las mexicanas en ningún sentido.

Hoy, en conferencia de prensa, Shaila Toledo, investigadora de la asociación civil ProDESC señaló que las empleadas de la cadena minorista también padecen discriminación por su condición de género, puesto que las evidencias demuestran que ellas no son sujetas a ascensos laborales y son despedidas en caso de embarazo.

La empresa multinacional, que llegó a México en 1991 para abrir en sociedad con Grupo Cifra un Sam’s Club, percibe ganancias por ventas netas de más de 20 mil millones de dólares, como en 2006, en tanto que los salarios oscilan entre 2 mil 200 a 5 mil pesos mensuales, señala el estudio.

En la investigación, en la que fueron entrevistadas 247 trabajadoras de ocho estados de la República, en junio y julio de 2007, el 52 por ciento de ellas refirió que su salario es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Shaila Toledo, también integrante de la organización Comuda, en Atlixco, Puebla, comentó que las empleadas de Walmex, donde laboran alrededor de 135 mil personas, en 141 ciudades del país, rebasan el límite de 8 horas de jornada diaria sin que se les remunere el tiempo extra.

El libro documenta las condiciones de las empleadas y empleados y señala que aún cuando son frecuentes los accidentes, caídas y lesiones musculares por cargar productos pesados, las y los trabajadores no tienen servicio médico en su centro de trabajo.

El estudio se realizó en dos etapas: la primera en 2005 y 2006 para analizar las condiciones laborales de las y los adolescentes que trabajan como empacadores y la segunda que se orientó en investigar la situación laboral de las mujeres.

Las encuestas realizadas, revelaron que en las entrevistas para solicitar empleo en la empresa, trasnacional que ocupa a más de 500 mil trabajadoras en 13 países del mundo, 50 por ciento de las empleadas tuvo que responder si estaba embarazada y al 8 por ciento le solicitaron prueba de no gravidez.

Asimismo, el 2 por ciento de ellas, mencionó que conocían casos en los que las trabajadoras embarazadas habían sido despedidas bajo el argumento de que era lo mejor por razones de seguridad.

Al respecto, en la conferencia de prensa la feminista Martha Lamas, integrante del Consejo Directivo de Semillas, comentó que Wal-Mart tiene una larga historia de discriminación en contra de las mujeres, motivo por el que en Estados Unidos enfrenta una demanda colectiva, encabezada por empleadas de esa nación.

Vale señalar que en Estados Unidos 70 por ciento del personal es femenino, pero menos del 15 por ciento ocupan puestos ejecutivos, fenómeno que se repite en México, advirtió Lamas.

Pese al “maltrato” de la transnacional “no es fácil que las trabajadoras dejen su puesto por la necesidad del empleo”, lo que les propicia “un estrés mayor” ya que después de laborar alrededor de 10 horas siguen con la jornada en el hogar, en donde “el impacto se extiende a las familias que más que vivir están sobreviviendo”, señaló Shaila Toledo.

Sin la posibilidad de organizarse, además, pues de acuerdo con “Lo barato sale caro” los sindicatos “son blancos” y casi la totalidad de trabajadoras, el 98 por ciento desconoce si está o no sindicalizada.

De ahí que Valeria Scorza, coordinadora de ProDESC, refirió que harán llegar el estudio a las autoridades del trabajo.

EMPACADORES “VOLUNTARIOS”

En tanto, Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor, refirió que en el caso de las y los cerca de 75 mil adolescentes que laboran para Wal-Mart como “voluntarios” en el país, sin goce de sueldo, ahorran para la transnacional el 40 por ciento del tiempo que destinan para cada venta.

Es decir, explicó, que de no estar las y los empacadores la multinacional tendría que instalar más cajas en sus puntos de venta y personal, al que sí tendría que remunerar por su trabajo.

El estudio de ProDESC indica que las y los menores de edad, sobrepasan las jornadas de seis horas permitidas por la norma laboral mexicana, pues llegan a trabajar hasta 10 horas.

Además, las y los adolescentes tienen horarios y responsabilidades como el resto del personal de Wal-Mart, la diferencia es que no perciben un salario.

De igual modo, Calvillo Unna se refirió a las prácticas monopólicas y desleales de la empresa, al “acorralar” a los proveedores mexicanos a quienes les castigan los precios de sus mercancías.

Por todas estas razones, el director del Poder del Consumidor instó a las y los consumidores a no consumir en estas tiendas de autoservicio. El propósito: ejercer presión social contra la multinacional.

Desde hace más de nueve años, los indígenas de Huizopa vieron invadidos sus territorios comunales por parte de la empresa minera canadiense antes mencionada, la cual obtuvo las respectivas concesiones mineras por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal mexicano.

Más de 17 mil hectáreas de tierras de uso común son poseídas y disfrutadas por la empresa minera, sin que esto sea consecuencia de beneficios sociales y económicos adecuados para los comuneros de Huizopa. Contrario a ello, la empresa minera ha dividido a los comuneros, pretende reubicar el asentamiento humano de la comunidad debido a que parte de los yacimientos de oro se encuentran en el subsuelo donde se ubica el poblado de Huizopa, ha incumplido promesas de mayores fuentes de trabajo y de otro tipo de beneficios sociales como obras y servicios básicos.

Desde hace más de dos años, los comuneros han solicitado la intervención de los gobiernos estatal y federal, para el efecto de que se instalara una mesa de diálogo con Minefinders Inc en condiciones de igualdad, sin embargo, el gobierno de Chihuahua abiertamente se ha manifestado a favor de la minera dejando en estado de indefensión a los indígenas de Huizopa.

Ha sido el abuso e incumplimiento de la empresa minera, y la ausencia de una acción gubernamental adecuada, lo que obligó a los campesinos de Huizopa a efectuar un plantón a las afueras de las instalaciones de la Minera Dolores S.A. de C.V. Resulta de suma importancia mencionar que el sábado 24 de mayo del presente año el pueblo de Huizopa en asamblea general decidió citar a la empresa minera y al gobierno de Chihuahua, para que se instalara cuanto antes una mesa de diálogo, sin embargo tanto gobierno como la empresa no se presentaron, razón por la cual por unanimidad los comuneros decidieron efectuar el plantón como un mecanismo que les ayudara a establecer una mesa de negociación.

Por desgracia el gobierno de Chihuhua y el gobierno federal han apostado a la salida violenta mediante el uso de las fuerzas federales de seguridad pública y no al diálogo como el mecanismo adecuado para dirimir las diferencias, al grado de que ayer 27 de mayo del presente año, aproximadamente a las 13 horas arribó a Huizopa un operativo conjunto entre Policía Federal Preventiva y fuerzas de seguridad estatales, quienes lanzaron gases lacrimógenos y agredieron a más de cien campesinos que conformaban el plantón.

Un vez que la población fue agredida la Policía Federal Preventiva procedió a detener al presidente del Comisariado de Bienes Comunales Enrique Torres González y al Tesorero José Armando González, siendo trasladados presumiblemente a la cabecera municipal de Maderas, Chihuahua, sin que hasta el momento se conozca su paradero exacto, su situación jurídica, ni su estado de salud.

Es importante remarcar que una demanda fundamental de los comuneros recae en el hecho de que Minefinders Inc. sólo cuenta con autorización para ocupar mil 200 hectáreas comunales, sin embargo a la fecha ya explota 2 mil 726, además de tener concesionadas otras quince mil hectáreas, siendo por lo tanto más de 17 mil hectáreas las que se encuentran en su poder.

De igual forma, los comuneros indígenas de Huizopa han demandado la intervención de las autoridades de protección al medio ambiente, debido a que se han generado daños de contaminación en sus tierras y recursos hídricos, pues la minera Dolores S.A. de C.V., que es subsidiaria de Minefinders Inc, efectúa una explotación a cielo abierto mediante el uso de químicos sumamente dañinos como lo es el cianuro.

Es preciso señalar que a pesar de que el artículo 74 de la Ley Agraria establece que las tierras de uso común son inalienables, imprescriptibles e inembargables, la Ley Minera deja en total estado de indefensión a los indígenas campesinos, en virtud de que brinda la posibilidad a la Secretaría de Economía para otorgar concesiones mineras para explorar y explotar el subsuelo en territorios comunales y ejidales, sin la necesidad de consultar y contar con la autorización de los campesinos que son dueños de las tierras.

Lo anterior violenta del todo el artículo 2º de la Constitución Política, pues en el mismo se establece el derecho de los pueblos indígenas para conservar y preservar la integridad de sus tierras, así como para usar y disfrutar de manera preferente frente a terceros los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan.

En México existen más de doscientas empresas en su mayoría transnacionales, que amparadas por la Ley Minera hoy cuentan con miles de hectáreas concesionadas para hacer labores de exploración y explotación minera, sin que cuenten con el consentimiento de los indígenas y campesinos que son dueños de las tierras. Esto a pesar de que la labor minera sin duda alguna modifica la constitución de las tierras y agravia el medio ambiente.

Resulta realmente criticable que el gobierno de Chihuahua a cargo del Lic. José Reyes Baeza Terrazas, así como el gobierno de Felipe Calderón, opten por el uso represivo de las fuerzas de seguridad pública, y no por la generación del diálogo como el mecanismo más adecuado para tratar y resolver los problemas.

Este tipo de acciones que buscan reprimir protestas pacíficas y legítimas lejos de resolver de fondo los problemas tienden a polarizar a las partes y por lo tanto a generar mayores riesgos de conflicto, por lo que demandamos tanto al gobierno federal como al estatal:

1. La liberación inmediata del Presidente y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Huizopa.
2. La instalación inmediata de una mesa de negociación con condiciones equitativas que permitan a los indígenas campesinos de Huizopa ser escuchados y respetados en sus consideraciones.
3. Se evite a toda costa el uso de los elementos de las corporaciones policíacas para la atención de estos problemas, pues violentan los derechos humanos y no atienden los conflictos de fondo.

Pedimos que las acciones urgentes sean enviadas a las siguientes autoridades:

Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador Constitucional de Chihuahua.
Calle Aldama número 901, Colonia Centro, C.P. 31000
Palacio de Gobierno Primer Piso.
Tel y Fax: 614 4293300 extensión: 11066.

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA
Secretario General de Gobierno de Chihuahua.
Calle Aldama número 901, Colonia Centro, C.P. 31000
Palacio de Gobierno Primer Piso.
Tel y Fax: 614 4293300 extensión: 11115 y 11147

LIC. JAVIER ALBERTO TORRES CARDONA,
Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua
CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA KM. 3+600, COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Tel y Fax: 614 4297300 extensión: 10508 y 10334.

Lic. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, DISTRITO FEDERAL, México
Teléfono y Fax: (55) 50935300
Correo electrónico:

Lic. Genaro García Luna,
Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal.
Avenida Constituyentes 947, Ex Hacienda de Belem, Deleg. Alvaro Obregón. C.P. 01110, México D.F.
Tel y Fax 1103 – 6000
Correo electrónico contacto@ssp.gob.mx

DR. EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE
SECRETARIO DE ECONOMÍA DE GOBIERNO FEDERAL.
Alfonso Reyes 30, 06140, Hipódromo Condesa, México. Piso: 10
Telefonos Directos: 01 5557299243, 57299245
Extensiones: 11005, 11006
Fax: 01 5557299320
Correo Electrónico: esojo@economia.gob.mx

Proponemos la siguiente carta formato:

Respetables Funcionarios:

Los que suscribimos y al final firmamos _________________________ nos dirigimos ante ustedes, con el objeto de comentar la situación que atraviesa el pueblo indígena de Huizopa, Municipio de Maderas, Chiahuahua, a causa de la empresa minera canadiense Minefinders Inc junto con su filial Minera de Dolores S.A. de C.V.

Hemos sido informados que el día de ayer en un operativo conjunto entre fuerzas policiacas federales y estatales, fueron violentamente reprimidos los campesinos indígenas de Huizopa, quienes se encontraba en un plantón pacífico a las afueras de las instalaciones de la empresa minera Dolores S.A. de C.V., resultando el Presidente y el Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales detenidos, sin que hasta el momento se sepa de su paradero.

Desde hace muchos meses los comuneros de Huizopa han demandado al gobierno de Chihuahua y a la empresa minera canadiense la instalación de una mesa de diálogo debido a que Minefinders Inc a través de su subsidiaria Minera Dolores S.A. de C.V. están usando y disfrutando 2 mil 726 hectáreas sin contar con la autorización correspondiente por parte del núcleo agrario de Huizopa.

Por desgracia tanto la empresa, como el gobierno de Chihuahua se han negado a entablar un dialogo justo y equitativo con los comuneros, al grado de que el sábado 24 de mayo pasado el pueblo de Huizopa convocó a la empresa minera para dialogar y ésta no se presentó, razón por la cual decidieron iniciar un plantón pacífico a las afueras de sus instalaciones.

En razón de lo anterior, el día de hoy nos dirigimos ante ustedes para demandarles que garanticen el diálogo entre las partes en conflicto y eviten el uso de las fuerzas pública, pues lejos de resolver los problemas terminan por agravarlos.

Nos parece que una de las funciones fundamentales de gobierno federal y estatal debe ser garantizar la justicia y equidad entre poderes económicos representados a través de las empresas y los campesinos que son dueños de las tierras. El vació gubernamental hace vulnerables a los indígenas y genera condiciones de injusticia como la que vive el pueblo de Huizopa.

Por lo tanto de manera respetuosa les demandamos:

1. La liberación inmediata del Presidente y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Huizopa.
2. La instalación inmediata de una mesa de negociación con condiciones equitativas que permitan a los indígenas campesinos de Huizopa ser escuchados y respetados en sus consideraciones.
3. Se evite a toda costa el uso de los elementos de las corporaciones policiacas para la atención de estos problemas, pues violentan los derechos humanos y no atienden los conflictos de fondo.

A t e n t a m e n t e.

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