Respuesta inadecuada e insuficiente de los tres niveles de gobierno ante desastre por sismo en Oaxaca: ONGs

  • Las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo no han sido cubiertas.
  • ONGs denuncian el oportunismo de partidos políticos y precandidatos.

  • La presencia de empresas en la zona no sustituye la obligación del gobierno de atender a las personas afectadas.

Ciudad de México 18 de septiembre, 2017.- Tras el sismo del pasado 7 de septiembre, siete organizaciones expertas de la sociedad civil conformaron una Misión de Observación Humanitaria (MOH) que recorrió la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, atestiguando la falta de coordinación gubernamental en la distribución de la ayuda humanitaria y el uso discrecional de los escasos recursos que han llegado a la zona.

La MOH llevó a cabo labores de reconocimiento del 11 al 14 de septiembre en las comunidades de Ixhuatán, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Río Pachiñe, San Dionisio del Mar, Pueblo Nuevo (Agencia Municipal de San Francisco del Mar), San Mateo del Mar, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, afectadas por el sismo de magnitud 8.2. El objetivo fue vigilar que la acción humanitaria se implemente bajo los principios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia operacional que dictan los más altos estándares del derecho internacional humanitario.

Los hallazgos más relevantes de la Misión de Observación son:  

  • Existe una falta de coordinación interinstitucional en todas las zonas de desastre y no se actúa de manera pronta. En contraste, existe amplia presencia militar y de la policía federal en las diferentes comunidades visitadas.

  • La ayuda humanitaria que ha llegado es deficiente e insuficiente. Las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo como el derecho al agua, a la alimentación y a la salud, entre otros, no han sido cubiertas. Adicionalmente, los esfuerzos de acopio y entrega de víveres desde la sociedad civil se han enfrentado a hostigamiento y, en algunos casos, el acopio ha sido decomisado.

  • Los gobiernos federal y estatal han involucrado a diferentes instancias gubernamentales (como a las Secretarías de Energía y de Turismo y a la Comisión Nacional Forestal) que no tienen ni la capacidad ni la experiencia en este tipo de desastres para realizar diagnósticos de los inmuebles dañados.

  • Precandidatos y funcionarios públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria entregándola únicamente a las personas cercanas al gobierno y los partidos políticos, algunos incluso recanalizan los víveres que llegan a la zona.

  • Algunas empresas privadas están jugando un papel protagónico en la respuesta, situación que no debería suplir las obligaciones del gobierno. Varias de estas empresas han tenido conflictos en algunas de estas comunidades por el desarrollo de megaproyectos y desconocemos si tienen las capacidades y el conocimiento para realizar las labores de respuesta bajo los más altos estándares del derecho internacional humanitario.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado al gobierno federal para que atienda las siguientes recomendaciones:

  1. Todos los niveles de gobierno tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y colocarlos en el centro de los esfuerzos de atención y respuesta, priorizando el derecho al agua y a un techo seguro para las personas afectadas por el sismo.

  2. La entrega de ayuda humanitaria debe reconocer las diferentes necesidades de la población sin discriminación alguna, incluyendo a mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad y personas de origen indígena.

  3. El gobierno federal debe iniciar las labores de reconstrucción en calidad de urgencia con un enfoque de prevención de desastres.

  4. Proveer a las personas de un refugio digno debe ser una prioridad, de lo contrario, esto podría provocar que la situación se agrave aún más dado que la temporada de huracanes termina hasta noviembre.

  5. Los esfuerzos de reconstrucción deben contemplar la recuperación de los medios de vida y la economía local, ya que las personas afectadas no sólo perdieron sus hogares sino también sus bienes materiales, sus negocios y sus fuentes de empleo.

Esta situación de crisis se suma a las condiciones preexistentes de exclusión, desigualdad y pobreza en las que se encontraban muchas personas y comunidades de la región visitada. Por ello, la MOH enfatiza que ante la grave situación de desastre provocada por el sismo las personas afectadas son titulares de derechos, NO objetos de ayuda, y por ello su voz debe ser escuchada en primer lugar durante esta etapa de respuesta y la futura etapa de reconstrucción y recuperación.

Las organizaciones que conforman la Misión de Observación Humanitaria son: El Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo DH), Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y Tequio Jurídico.

(Versión en inglés)

All three levels of government show an inadequate and insufficient response to the earthquake in Oaxaca: NGOs

  • The most urgent and basic needs of the people who were affected by the earthquake are not being covered
  • NGOs denounce the opportunism of political parties and candidates
  • The presence of companies in the region does not substitute the government’s obligation to attend to the needs of the people who were affected by the earthquake

Mexico City, September 18, 2017 – After the earthquake on September 7th, seven expert organizations from civil society formed a Humanitarian Observation Mission (MOH for its Spanish signs), which travelled throughout the affected region of Istmo de Tehuantepec in Oaxaca. During the mission they observed a lack of governmental coordination of the distribution of humanitarian aid, and misuse of the few resources that did reach the region.


From September 11th through the 14th, the MOH travelled to the following communities: Ixhuatán, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Río Pachiñe, San Dionisio del Mar, Pueblo Nuevo (Agencia Municipal de San Francisco del Mar), San Mateo del Mar, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, which were all affected by the recent 8.2 magnitude earthquake. The objective of the mission was to monitor the distribution of humanitarian aid, specifically, to observe whether or not the aid was handed out in accordance with the highest standards of international humanitarian principles i.e., impartiality, neutrality, humanity and operational independence.


The most relevant findings of the Observation Mission are:

  • The lack of coordination between institutions in all affected regions and failure to respond in a timely manner; yet, there is wide presence of military police and federal police in the communities that we have visited.
  • The humanitarian aid that has reached communities is deficient and insufficient. The urgent and basic needs of the affected people, like the right to water, food and health are not being provided. Additionally, assistance and supplies from civil society have been met with hostility and in some cases, confiscated.
  • The federal and local government has involved different governmental agencies (e.g. the Energy Department, the Department of Tourism and the National Forest Commission) that do not have the capacity or experience to respond to this type of disaster or the skills to assess damages to the infrastructure.
  • Political candidates and civil servants have used humanitarian aid solely for people close to the government and their respective political party.
  • Some private companies play a key role in providing assistance, which should not replace the governments responsibilities. These companies, however, have experienced conflicts with some of the communities in the past for constructing megaprojects; therefore, we do not know if they have the capacities and knowledge for delivering aid in accordance with the highest standards of international aid.

The signatory organizations call upon the federal government to attend to the following recommendations:


1. All levels of government are under the obligation to protect and guarantee the human rights of all persons and put their needs at the heart of the reconstruction efforts; priority should be given to the right to water and secure housing for the people affected by the earthquake.
2. The distribution of humanitarian aid should recognize the different needs of the population without any kind of discrimination; the groups at risk for discrimination include women, children, elderly people and indigenous people.
3. The federal government should urgently start reconstruction work that focuses on disaster prevention.
4. Providing people with a decent refuge has to be a priority, if not this could lead to an even worse situation given that the hurricane season ends in November.
5. Reconstruction work should aim at recovery of the local lifestyle and economy, because the affected persons did not only lose their homes but also their material goods, businesses and sources of income.


This crisis adds to the condition of exclusion, inequality, and poverty which already affects many persons and communities now hit by the earthquake. This is why the MOH emphasises that the people affected by this grave situation are entitled of human rights - NOT objects of help. Their voice should be heard first during the stage of answering to the earthquake and in the stages of reconstruction and recovery.


The Humanitarian Observation Mission is composed of the following institutions: Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo DH), Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) and Tequio Jurídico.

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¿Quiénes somos?

Somos una organización no gubernamental, fundada en 2005. Nuestro objetivo es defender y promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acompañamos a comunidades agrarias y pueblos indígenas en la defensa de su tierra, territorio y bienes naturales, así como a colectivos de trabajadoras y trabajadores en la defensa de sus derechos humanos laborales.

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