Nuestro Blog: ¿Quién vigila que las empresas respeten derechos humanos?

Publicado en The Huffington Post México

Por Elena Villafuerte, politóloga e integrante de ProDESC

Actualmente hay un consenso sobre la función primordial del Estado en la protección de una amplia gama de derechos humanos. Y cuando ocurren violaciones a estos, es justamente el Estado quien se convierte en responsable directo. Pero, ¿es posible que haya más responsables cuando hablamos de respeto o de abusos a derechos humanos?

Ese ha sido el debate a nivel internacional durante varias décadas, tomando en cuenta el gran poder que tienen las empresas transnacionales dentro de una economía globalizada, donde el libre comercio es lo primero.

Hoy, México cuenta con 12 acuerdos de libre comercio firmados con 46 países entre los que se encuentran las economías más poderosas como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón. Las inversiones extranjeras directas en nuestro país durante 2016 ascendieron a más de 7 mil millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía.

Cualquiera pensaría que estas inversiones se han traducido en mejores condiciones de vida para las y los habitantes del país, pero no es así.

Al ver estas cifras, cualquiera pensaría que estas inversiones se han traducido en mejores condiciones de vida para las y los habitantes del país, pero no es así. En México, más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza.

De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 10% de las empresas más poderosas concentran 93% de los bienes materiales, y el 10% de los hogares más ricos controlan ocho de cada diez pesos en circulación. A esto se suma una crisis en materia de derechos humanos, de violencia generalizada, así como de despojo en contra de los grupos históricamente excluidos: comunidades agrarias e indígenas, grupos de trabajadoras y trabajadores, por mencionar algunos.

Con este contexto —que no es exclusivo de México, sino también de otras economías en vías de desarrollo— y tras varios años de deliberaciones y análisis, en 2011 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por unanimidad los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. El carácter innovador de estos 31 principios es que ya no solamente establecen obligaciones para los Estados, sino que también señalan como responsables de respetar derechos humanos a las empresas; concretamente cuando se encuentran desarrollando algún proyecto, cuando realizan inversiones o cuando utilizan proveedores.

En México, más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza.

Con la adopción de los Principios, también se impulsó la creación de un grupo de trabajo conformado por personas expertas independientes, encargadas de promover la implementación de los mismos a través del trabajo con empresas y gobiernos del mundo. El grupo de trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos visita dos países cada año con la finalidad de presentar reportes preliminares y finales sobre sus avances en la implementación de los Principios Rectores, así como para emitir recomendaciones a empresas, gobierno y sociedad civil.

Entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre de 2016, dos integrantes del grupo de trabajo realizaron una visita oficial a México, donde pudieron atestiguar la situación de grupos y comunidades que, lejos de ser beneficiadas, han sido afectadas por la actividad empresarial.

Las reuniones tuvieron lugar en la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, donde se presentaron casos que se consideran emblemáticos de los abusos cometidos por empresas en las comunidades. Uno de estos es el de la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, a quienes les ha sido violado su derecho a ser consultados sobre los proyectos de inversión que se instalan en su territorio, concretamente, parques de energía eólica.

Parque eólico en Juchitán, Oaxaca.

Es en el Istmo de Tehuantepec donde se han asentado empresas con capital proveniente de España, Francia y otros países europeos, para construir más de 20 parques de energía eólica, y donde las energías limpias han demostrado no ser tan transparentes cuando se trata de respetar los derechos de los pueblos indígenas que ahí habitan.

Como señaló el grupo de trabajo, en un informe de su visita en este caso, el gobierno federal consultó a la comunidad (por primera vez, después de varios parques ya instalados), sobre la construcción de un proyecto, de la empresa española Eólica del Sur. El proceso de consulta —documentado por organizaciones de la sociedad civil como ProDESC, PODER y Código DH— fue considerado por la comunidad como un proceso viciado e implementado por las autoridades como un mero trámite, y no como un diálogo informado y de buena fe con la comunidad.

Por ello, parte de la comunidad, a través de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y con el acompañamiento de ProDESC, interpusieron dos demandas de amparo con el fin de evidenciar las violaciones durante el proceso de consulta y motivo por el cual no se podía iniciar la construcción del parque. Estas demandas continúan vigentes y se encuentran a la espera de ser atraídas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El grupo de trabajo presentó su informe final sobre la visita a México hoy 9 de junio en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre la sociedad civil, pero particularmente entre las comunidades y grupos afectados, se encuentra la expectativa de que el informe refleje la grave situación de despojo, exclusión y violencia que han traído las inversiones de empresas que no conocen —ni tienen voluntad de conocer— sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Todo con un Estado capturado que les permite actuar en completa impunidad.

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¿Quiénes somos?

Somos una organización no gubernamental, fundada en 2005. Nuestro objetivo es defender y promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acompañamos a comunidades agrarias y pueblos indígenas en la defensa de su tierra, territorio y bienes naturales, así como a colectivos de trabajadoras y trabajadores en la defensa de sus derechos humanos laborales.

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