Nuestro Blog: '¿Saving México?' Los nuevos incentivos para la captura corporativa del Estado

Por Guillermo Torres, abogado de ProDESC

Publicado en The Huffington Post México. Agosto 29, 2017.

Con una imagen triunfalista y un eslogan de salvador, la portada de la revista Time de febrero de 2014 elogió a Enrique Peña Nieto y su gabinete por haber logrado la aprobación del "más ambicioso" paquete de reformas del que se tenga memoria en México, incluida la apertura del sector energético. "Hoy las alarmas están siendo reemplazadas por aplausos", sentenció la Time sobre la que Wall Street consideraba la nación favorita del momento.

Sin embargo, a tres años de distancia, la estrepitosa realidad ha silenciado la algarabía. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos señaló en su informe final sobre la visita oficial a México que "la urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad". El Grupo de Trabajo concluyó que en este país el hostigamiento e intimidación contra quienes denuncian las violaciones a derechos humanos en el contexto de megaproyectos son síntomas de "percepciones de captura corporativa" del Estado.

Es cierto. Buena parte de las violaciones a los derechos humanos sufridas por comunidades, pueblos, líderes comunitarios, defensoras y defensores en México puede entenderse desde la lógica de la utilización —por parte de las empresas— del poder público del Estado para determinar el diseño y contenido de políticas, normas e instituciones relacionadas con las actividades que desarrollan.

De hecho, durante el sexenio actual se inauguró una nueva etapa en la que el Estado mexicano creó nuevos incentivos para su captura, lo que perpetúa la desigualdad social y fomenta la violación a los derechos de sus pueblos y comunidades. Estos incentivos se explican desde el poder multidimensional (económico, político, discursivo y regulativo) de las empresas. Este poder cobró auge durante la ejecución de las políticas neoliberales que siguieron a la crisis del capitalismo en los años 70.

Esto se traduce en que los capitales transnacionales generan ganancias a costa del despojo de bienes, territorios, recursos y servicios: desde los recursos naturales y los bienes públicos hasta la salud o la educación. A esto se le conoce como "acumulación por desposesión". Comúnmente se piensa que la desposesión ocurre por medios violentos o paralegales, pero muchas veces este despojo es legalizado por el Estado.

¿Cómo ocurre esta legalización? Todo inicia con el diseño de políticas públicas por —según promueve el gobierno— necesidad de competencia, ineficiencia estatal y falta de recursos económicos en las entidades. En realidad, su objetivo es promover la apertura de nuevos sectores para la explotación por parte de transnacionales. Ejemplo de ello es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que sirvió como punto de partida para la reforma energética.

Una vez liberalizado el sector, el poder empresarial se infiltra ahora en el proceso de formación de legislación. Como resultado, el Estado capturado crea normas e instituciones que favorecen y anteponen los intereses de las empresas captoras en perjuicio de los derechos de la población.

En México una muestra de esta captura es la emergencia de megaproyectos que siguió a la reforma energéticaLos casos relacionados con la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca —que ha documentado y acompañado el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC A.C.)—, son paradigmáticos de dichas prácticas de captura, ya que evidencian que las leyes energéticas están diseñadas para favorecer intereses particulares y que en estas los mecanismos efectivos de salvaguarda de los derechos humanos de las comunidades están ausentes.

La primera consulta indígena en Juchitán, realizada en 2014 en el marco de la reforma energética, es muestra de ello: se otorgaron permisos para generación de energía sin consultar previamente a la comunidad indígena zapoteca; las personas defensoras de la tierra y territorio sufrieron agresiones, hostigamiento e intimidaciones; se firmaron contratos de arrendamiento privados sobre tierras comunales y se recurrieron a actos ilegales para su suscripción; la consulta no se llevó a cabo en el idioma de la comunidad, y el tiempo y la información no fueron idóneos ni suficientes.

Un nuevo proyecto eólico, de la empresa Électricité de France (EDF en México), que pretende desarrollarse en Unión Hidalgo, Oaxaca, ya está reproduciendo las violaciones antes observadas. Destaca en este caso la total colaboración entre autoridades locales y empresas eólicas, quienes ya conformaron un Consejo Estatal de Energía y firmaron un "Memorándum de entendimiento" entre gobiernos locales y municipales para "promover y mantener los parques eólicos". En ambas acciones aparecen en primera fila los representantes de empresas transnacionales de energía, pero la voz y la participación de las comunidades sigue totalmente ausente.

Llama la atención que el supuesto desarrollo económico que traerían estas inversiones no se traduce en beneficios directos para las comunidades, ya que al menos en el caso de Unión Hidalgo el porcentaje de población en condición de pobreza es mayor al 50 por ciento, además las municipalidades decidieron condonar impuestos a las trasnacionales. Por el contrario, empresas como Walmart o Bimbo se benefician ampliamente de la energía eólica que se genera a costa de la utilización del territorio de los pueblos.

Es así como el modelo político y económico del Saving México está ávido para atraer inversiones y reproducir incentivos para la captura del Estado, sin importar incluso que el interés público y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas terminen al servicio de las élites económicas transnacionales.

Submit to FacebookSubmit to Twitter

¿Quiénes somos?

Somos una organización no gubernamental, fundada en 2005. Nuestro objetivo es defender y promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acompañamos a comunidades agrarias y pueblos indígenas en la defensa de su tierra, territorio y bienes naturales, así como a colectivos de trabajadoras y trabajadores en la defensa de sus derechos humanos laborales.

Facebook de ProDESC