¿Cuál es el principal pendiente del poder legislativo?. Por Lucía Chávez y Natalia Baez

Publicado en El Economista

Por Lucía Chávez y Natalia Baez. Diciembre 4, 2016.

Al Congreso de la Unión le quedan una serie de pendientes para avanzar hacia la erradicación de la impunidad por crímenes que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. 

A menos de un mes de concluir el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión queda una serie de pendientes cruciales para un avance hacia la erradicación de impunidad por crímenes que constituyen graves violaciones a derechos humanos.

Por un lado, tenemos la minuta de la ley general contra la tortura, que se encuentra aún en la Cámara de Diputados esperando a ser propiamente discutida y aprobada; cobran especial relevancia los temas de la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura y la responsabilidad de altos mandos, en una política que permite esta práctica.

También, en línea de espera están las reformas a la Ley General de Víctimas, ya que siguen siendo desatendidas las necesidades de las víctimas. Finalmente la olvidada ley general sobre desaparición forzada, en la que las familias de las víctimas directas deben tener un papel especial y crucial para su adopción y conformación.

La falta de leyes eficaces contra la desaparición y tortura y de la reformulación de la Ley General de Víctimas se vuelven un elemento de perpetuación de la impunidad, ello a su vez genera que estos crímenes, ante la falta de reconocimiento y acción del Estado, se repitan.

Su función les de una garantía jurídica al actuar, al tiempo que vele por el respeto de los derechos humanos de cada uno de nosotros. Ante la carencia de dicho marco normativo, las Fuerzas Armadas siguen desempeñando funciones de seguridad pública en un vacío legal.

Otro de los principales pendientes es regular la actuación de las fuerzas federales que participan en el combate a la delincuencia en auxilio de las autoridades estatales de seguridad.

Alejandra Ancheita, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC)

Desde septiembre de 2015 la Secretaría de Gobernación inició un proceso para la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos a través de un programa nacional en la materia. Este plan incluirá una serie de políticas públicas para asegurar el respeto a derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial.

Desde el análisis de ProDESC, es necesario que el Congreso legisle, por ejemplo, para garantizar el respeto a los derechos humanos laborales de las y los jornaleros agrícolas así como de las y los trabajadores migrantes temporales, con estos últimos, de cara a las recientes elecciones en Estados Unidos.

El Congreso tiene la tarea fundamental de asegurar una mayor protección por parte del gobierno mexicano en el proceso de reclutamiento de estas personas trabajadoras y que generalmente ocurre a través de actores informales que propician discriminación, hostigamiento, amenazas, cobros indebidos y fraude.

Francisco Rivas, Director general del Observatorio Nacional

Ante la crisis de seguridad que se desató desde el 2006 y la carencia de instituciones policiales suficientes, eficientes y confiables, el entonces ejecutivo federal optó por incorporar a las Fuerzas Armadas en labores de prevención y reacción al delito.

Esta criticada acción debía ser temporal. Una década después soldados y marinos siguen sustituyendo las funciones policiales. Lo preocupante de esto es que se continúa careciendo de un marco normativo que regule su función, les dé una garantía jurídica al actuar, al tiempo que vele por el respeto de los derechos humanos de cada uno de nosotros. Ante la carencia de dicho marco normativo, las Fuerzas Armadas siguen desempeñando funciones de seguridad pública en un vacío legal.

A menos de un mes que concluya el periodo ordinario del Congreso, uno de los principales pendientes es regular la actuación de las fuerzas federales.

Guillermo Ávila, investigador del área de Transparencia y rendición de cuentas en Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Cada grupo parlamentario define su propia agenda legislativa, pero su desarrollo y éxito dependen de varios factores: la composición de las cámaras, las capacidades negociadoras, el ambiente político, etcétera. Por ello es normal que las cámaras de Diputados y Senadores no alcancen a discutir y aprobar todas las leyes que se proponen.

Entre los temas específicos cuya legislación está pendiente podemos identificar la protección de datos personales, los archivos, la regulación de la publicidad oficial, la desaparición forzada, la tortura o la designación del fiscal anticorrupción. Por ello es imprescindible considerar, como uno de los adeudos más importantes, el cumplimiento de los acuerdos sobre parlamento abierto a los que ambas Cámaras se comprometieron con las organizaciones de la sociedad civil.

Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de acompañamiento de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México

Sin duda uno de los grandes pendientes en el Senado de la República es la promulgación de la ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas. El otro pendiente, por parte de la Cámara de Diputados, es la aprobación de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

A casi un año de cumplirse el plazo que el poder legislativo se impuso a sí mismo con la reforma al art. 73 constitucional, las miles de víctimas de estas dos graves violaciones a los derechos humanos continúan sin contar con una legislación adecuada que les garantice el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño, y termine con el lamentable ciclo de impunidad.

Lucía Chávez es directora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Natalia Báez es investigadora de la CMDPDH.

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