Comunicado Unión Hidalgo,

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    • Reconoce autoridad judicial la falta de condiciones naturales y sociales, para un ejercicio del derecho a la consulta libre, de buena fe y adecuada a las circunstancias, derivada de los próximos plebiscitos electorales a celebrarse en la comunidad de Unión Hidalgo a nivel federal, así como por los sismos de septiembre del 2017.
    • Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca confirma y otorga suspensiones definitivas del Procedimiento de Consulta, y para la construcción y operación de proyecto eólico, en los juicios de amparo presentados por integrantes de la comunidad.

    La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, obtuvo dos suspensiones definitivas para evitar se continúe con el Procedimiento de Consulta indígena sobre el proyecto central eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. –filial de la transnacional francesa EDF EN-, así como la suspensión a efecto de que no se realice la construcción y operación de dicho parque eólico.

    Previamente, con fecha 12 de abril del 2018, el mismo juzgado otorgó suspensiones provisionales del Procedimiento de Consulta, y para la construcción y operación de proyecto eólico, en los juicios de amparo presentados por integrantes de la comunidad como parte del acompañamiento jurídico de ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C).

    El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca resolvió, con fechas 3 y 4 de mayo del 2018, que “no se lleve a cabo o se continúe (de haberse iniciado) el Procedimiento de Consulta por no existir condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017 y los subsecuentes), ni condiciones sociales por los conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad dados los próximos plebiscitos electorales a nivel municipal, así como por los eventos culturales por fiestas patronales, ya que esos aspectos podrían influir en la decisión que en su caso, adopte la comunidad indígena; así como para que no se inicie la construcción y operación del proyecto central eólica Gunaa Sicarú, en la comunidad indígena”.

    La Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener), autoridades federales, estatales y municipales encargados del Procedimiento de Consulta tienen que suspender definitivamente los procesos, que habían iniciado con la fase de Planeación para la realización de la Consulta y con el inicio de la Fase de Acuerdos Previos convocada mediante asamblea el 11 de abril pasado.

    Lo anterior “pues de continuarse con el proceso de consulta sin que se garanticen los más altos estándares internacionales […] para la implementación del proceso de consulta, previa, libre e informada a la comunidad indígena de mérito, se generaría un perjuicio a la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca.”

    Con esta determinación, el Juzgado Federal que concedió la medida suspensional definitiva determinó que “no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público” sino por el contrario se pretende “hacer valer un derecho fundamental de los pueblos originarios respecto de su territorio a ser consultados previamente de manera libre, informada, de buena fe respecto de los proyectos de desarrollo o inversión dentro de los territorios tradicionales indígenas y la correlativa, el deber del Estado de establecer el mecanismo eficaz para la reparación justa”.

    La comunidad ha señalado previamente y de manera reiterada a la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía, encargada de implementar la Consulta la falta de condiciones para su desarrollo y para garantizar que cumpla con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por tanto la consulta impulsada no es idónea ni adecuada.

    Las prioridades de desarrollo de la comunidad están centradas en el proceso de reconstrucción después de los sismos de año pasado, por tal: no hay condiciones de normalidad, ya que al menos el 70% del total de viviendas se encuentran dañadas y 300 viviendas se desplomaron por completo; las necesidades básicas de vivienda, vida digna, salud y educación no se han restablecido y ha prevalecido la entrega irregular de apoyos.

    Continúa el riesgo real de actos de violencia generados por la jornada electoral, como lo demuestran casos de confrontación recientes en la región del Istmo de Tehuantepec, los cuales manifiestan vínculos directos o indirectos con los procesos electorales y las dinámicas políticas locales.

    Los esfuerzos de la población se centran en la Reconstrucción y el restablecimiento de la normalidad que incluyen la recuperación de su vida cultural, como es el caso de los festejos de las tradicionales Velas, por lo cual reiteramos que una consulta debe ser culturalmente adecuada y no en un momento en que la comunidad se encuentra enfocada en resolver los acontecimientos mencionados.

    Con la determinación emitida por el Juzgado de Distrito, se reconoció la obligación del Estado Mexicano de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre Consulta Indígena.

    La resolución obtenida suma a las acciones legales, que la comunidad de Unión Hidalgo y ProDESC han desarrollado en defensa del territorio y los bienes naturales, en relación con el parque eólico Gunaa Sicarú tales como quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México, y ante el Punto Nacional de Contacto en Francia de la OCDE.

     

                                         Ciudad de México, 15 de mayo de 2018

     

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    • Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca concede suspensiones provisionales del Procedimiento de Consulta a la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, así como de la construcción y operación del proyecto del parque eólico, a partir de juicios de amparo presentados por integrantes de la comunidad con el acompañamiento de ProDESC.
    • Reconoce autoridad judicial que en Unión Hidalgo no existen condiciones naturales y sociales que permitan ejercer el derecho a la consulta libre, de buena fe y adecuada a las circunstancias.
    • De continuarse con el proceso de consulta, se generaría un daño irreparable a la comunidad zapoteca, señala la resolución provisional.

    Derivado de juicios de amparo interpuestos con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (ProDESC), la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, obtuvo suspensiones provisionales para efectos de que no se continúe el Procedimiento de Consulta indígena sobre el proyecto central eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. –filial de la transnacional francesa EDF EN-, ni se inicie la construcción y operación de dicho parque eólico.

    Lo anterior, luego de que un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca resolviera de manera histórica y creando un precedente favorable a la defensa de los derechos de comunidades indígenas, que “no exist[en] condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de dos mil diecisiete), ni condiciones sociales por los conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad dados los próximos plebiscitos electorales a nivel municipal, así como eventos culturales por fiestas patronales, ya que esos aspectos podrían influir en la decisión que en su caso, adopte la comunidad indígena; así como para que no se inicie la construcción y operación del proyecto central eólica Gunaa Sicarú”.

    La determinación se traduce en que ni la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía, ni una serie de autoridades federales, estatales y municipales, puedan continuar con el Procedimiento de Consulta sobre la construcción y operación del parque eólico, que habían ya iniciado desde el año pasado con actos de la fase de Plan de Consulta, y el 11 de abril pasado, con la primer Asamblea de la Fase de Acuerdos Previos.

    Con esta determinación, el Juzgado Federal que concedió la medida suspensional recoge lo que la comunidad ya ha señalado previamente, en el sentido de la falta de condiciones para el desarrollo de un procedimiento de consulta que cumpla con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

    La consulta impulsada actualmente por la Secretaría de Energía no es idónea ni adecuada, pues las prioridades de desarrollo de la comunidad están centradas en el proceso de reconstrucción después de los sismos del septiembre del 2017, en donde la comunidad de Unión Hidalgo resultó la segunda comunidad más afectada de la región, por tal:

    • No hay condiciones de normalidad, ya que al menos el 70% del total de viviendas se encuentran dañadas; 300 viviendas se desplomaron por completo.
    • Las necesidades básicas de vivienda, vida digna, salud y educación no se han restablecido y ha prevalecido la entrega irregular de apoyos.

    A ello se suma el inicio del periodo de campañas en los procesos electorales federal y local, por lo que existe un riesgo real de actos de violencia, como lo demuestran casos de confrontación recientes en la región del Istmo de Tehuantepec, los cuales manifiestan vínculos directos o indirectos con los procesos electorales y las dinámicas políticas locales.

    Por otro lado, las festividades más arraigadas de la comunidad zapoteca son las fiestas tradicionales de las Velas, que inician en el mes de mayo y sus habitantes se enfocan totalmente en esas festividades, mismas que representan no sólo la unión de las familias sino también la participación de cada uno de los integrantes del pueblo, por lo cual los tiempos establecidos por la Secretaría de Energía para el desarrollo de la consulta no son culturalmente adecuados.

    Con la determinación emitida por el Juzgado de Distrito, se reconoció la obligación del Estado Mexicano de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre Consulta Indígena.

    La resolución obtenida se enmarca en las acciones legales que la comunidad de Unión Hidalgo, con el acompañamiento de ProDESC, ha desarrollado en defensa de su territorio y bienes naturales en relación con el parque eólico Gunaa Sicarú, tales como una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se solicitó el otorgamiento de medidas cautelares, mismas que en un acto histórico para dicha Comisión Nacional de Derechos Humanos, determinó conceder, suspendiendo de igual forma la consulta indígena que intentan realizar las autoridades de los tres niveles. 

    Asimismo se presentó una queja ante el Punto Nacional de Contacto en Francia de la OCDE en febrero pasado, por posibles violaciones a derechos humanos cometidas por la empresa EDF y sus filiales en México. Cabe señalar que desde julio de 2017, la comunidad presentó un amparo contra el permiso de generación de energía eléctrica otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) respecto del parque eólico Gunaa Sicarú, por haber sido otorgado sin consultar previamente a la comunidad, mismo que actualmente se encuentra en trámite.

     

     

    Ciudad de México, 25 de abril de 2018.

     

     

     

     

     

     

    Comunicación ProDESC

     

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    • The Early Warning aims at attending cases of grave violations and of impossible reparation in situations when there is knowledge of alleged generalized violations of human rights.
    • Human rights defenders in Unión Hidalgo have been exposed to threats, intimidation and physical aggressions in the defense of their land, territory and natural resources.
    • The Early Warning is addressed to the main State authorities, so that they comply with their obligation to promote, respect, protect and guarantee the human rights of community defenders and the whole community of Unión Hidalgo.

    On June 13th, 2018 the Ombudsperson’s Office for the Human Rights of the Peoples of Oaxaca, Mexico, issued and published the Early Warning mechanism, as provided by the Law for the Defense of the Human Rights of the People of Oaxaca, for the high risk situation that human rights defenders of the indigenous Zapotec community of Unión Hidalgo are facing because of the conflicts arising from the implementation of wind energy mega projects in the region.

    The Ombudsperson’s Office has requested the Governor of Oaxaca, Secretary General, Secretary of Indigenous Affairs, Secretary of Environment, Energy and Sustainable Development, Secretary of Public Safety, Executive Branch’s Coordinator for Attention to Human Rights and the Municipal President of Unión Hidalgo to implement effective comprehensive actions and safeguard the human rights of indigenous peoples.

    The goal of the Early Warning mechanism is to use recommendations to prevent the likely massive human rights violations resulting from conflict and threats. Following this logic, the Ombudsperson´s Office highlighted to the violence and insecurity in which Unión Hidalgo’s human rights defenders work.

    Along with promotion of the corridor of the Istmo de Tehuantepec as the principal generator of wind energy in the last two decades, various wind parks have been constructed in the region, one of them by the company Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), a subsidiary of Renovalia Energy. As this project was implemented in Unión Hidalgo without prior, free and informed consent of the indigenous Zapotec community, they took legal actions in defense of their human rights to land, territory and natural resources, and against the mega projects that have been violating their social, economic and cultural rights that are recognized constitutionally and conventionally.

    The community has reacted to the arrival of the company DEMEX in their community by organizing around the defense of their rights, which made them become human rights defenders of Unión Hidalgo. For the act of defending their rights, they have suffered threats, intimidation and physical aggressions, documented by the Human Rights Defense Organization, which since 2011 has been issuing precautionary measures to various governmental agencies at the state level.

    Due to the violence to which human rights defenders and Unión Hidalgo’s general population have been subject and with the aim of guaranteeing their human rights to life, personal integrity and liberty, the Ombudsman’s Office, as part of the precautionary measures, holds monthly meetings with their beneficiaries and state authorities.

    Nevertheless, the security risks for the defense of human rights in the community have not decreased, also taking into account that in the course of their legal actions, the community learned about the planned installation of another wind project, called “Gunaa Sicarú”, which belongs to Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., a subsidiary of the transnational company EDF.

    This situation unleashes a series of judicial and extrajudicial actions by community defenders from Unión Hidalgo, considering that the State committed Human Rights violations in failing to respect the principles that ought to be guaranteed in an Indigenous Consultation: that it is prior, free, informed, culturally adequate, held in appropriate circumstances and in good faith.

    The National Commission of Human Rights has, in accordance with its faculties, issued precautionary measures that make the Secretary of Energy, via its General Directorate of Social Impact and Surface Occupation, suspend the consultation which was scheduled for April 11th, 2018. Additionally, the First District Court in San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, issued provisional and definitive suspensions of the Consultation Procedure and suspended the construction of the Gunaa Sicarú project.

    In the context of the above-mentioned authorities’ determination to suspend the Consultation Procedure, the Ombudsman’s Office highlighted the increased insecurity for human rights defenders resulting from the obtained successes of their defense movement, especially the suspension of the indigenous consultation, issued by Judge Elizabeth Franco Cervantes.

    This adds to the current issues faced by the community: the upcoming local and federal election and the reconstruction needs after the September 2017 earthquakes. The combination of those issues made the community vulnerable to violence and led the Ombudsman’s Office to issuing precautionary measures requiring State Police Forces to patrol the streets in Unión Hidalgo in order to avoid aggressions against community defenders and other community members.

    The Ombudsperson’s Office for the Human Rights of the People of Oaxaca issued the Early Warning considering that the above-explained conditions prove the existing danger and insecurity in the region, particularly in Unión Hidalgo, because of the implementation of EDF’s project Gunaa Sicarú.

     

    Mexico City, June 20th, 2018

     

     

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