derechos humanos

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    • La alerta temprana tiene el fin de atender casos graves y de imposible reparación en situaciones en que se tenga conocimiento de presuntas violaciones generalizadas a los derechos humanos.
    • Las defensoras y defensores de derechos humanos de Unión Hidalgo han sido expuestas y expuestos a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas en el ejercicio de la defensa de la tierra, el territorio y bienes naturales.
    • La alerta temprana está dirigida a las principales autoridades del Estado, para que cumplan con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de defensores comunitarios y de toda la comunidad de Unión Hidalgo.

     

    El 13 de junio del 2018, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitió y publicó el mecanismo de Alerta Temprana, previsto en la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por situación de alto riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, en el contexto del conflicto por la implementación de megaproyectos de energía eólica en la región.

    La Defensoría solicitó al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a la  Secretaría General de Gobierno; a la Secretaría de Asuntos Indígenas; a la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable; a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Unión Hidalgo, que se implementen acciones eficaces para la atención integral y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas y pueblos indígenas.

    El mecanismo se emite con el fin de prevenir a través de recomendaciones las posibles violaciones masivas de derechos humanos en los contextos de conflicto y amenazas de impacto social. En esta tesitura, la Defensoría consideró y señaló el contexto de la violencia e inseguridad en el que realizan su labor las personas defensoras de derechos humanos de Unión Hidalgo.

    Con la promoción del corredor eoloeléctrico del Istmo de Tehuantepec como principal generador de energía eólica en las últimas dos décadas, se han implementado diversos proyectos en la región, incluyendo el de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), filial de la empresa Renovalia Energy, que al instalarse en la comunidad de Unión Hidalgo sin el consentimiento, libre, previo e informado de la comunidad indígena zapoteca, género que se emprendieran acciones legales en defensa de sus derechos humanos a la tierra, territorio y bienes naturales en contra de los megaproyectos eólicos que han violado diversos derechos sociales, económicos y culturales reconocidos constitucional y convencionalmente.

    A raíz de la instalación de la empresa DEMEX en la comunidad, se ha desarrollado la defensa de sus derechos, erigiéndose como defensores y defensoras de derechos humanos en la comunidad de Unión Hidalgo. En el marco del ejercicio de la defensa han sido expuestos y expuestas a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas, de las cuales el organismo defensor de derechos humanos ha documentado y en razón de las cuales ha emitido diversas medidas cautelares a diferentes dependencias del gobierno del Estado desde noviembre de 2011.

    Debido a la situación de violencia a la que han sido sujetos los defensores y defensoras comunitarios, así como la población en general de Unión Hidalgo, a fin de garantizar sus derechos humanos a la vida, integridad personal y libertad la Defensoría sostiene mesas de trabajo mensuales con las y los beneficiarios y las autoridades del Estado en seguimiento a las medidas cautelares.

    No obstante, lo anterior, la situación de inseguridad para el ejercicio de la defensa de derechos humanos no ha variado en la comunidad, pues a partir de los diversos medios jurisdiccionales promovidos la comunidad tuvo conocimiento de la implementación de un nuevo proyecto a instalarse en la comunidad, se trata de la central eoloeléctrica denominada “Gunaa Sicarú” propiedad de la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional francesa EDF.

    Esta situación, desencadena el ejercicio de una serie de acciones judiciales y extrajudiciales por parte de los defensores comunitarios de Unión Hidalgo, por considerar que el Estado ha cometido violaciones a derechos humanos por la omisión de garantizar el respeto a los principios que debe satisfacer un proceso de consulta indígena, de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y en condiciones apropiadas.

    La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ejercicio de sus facultades otorgó medidas cautelares a fin de que la Secretaria de Energía a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial suspenda el procedimiento de consulta convocada para el 11 de abril del presente año, así como el otorgamiento de las suspensiones provisionales y definitivas por parte del Juzgado Primero de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de la consulta y sobre la suspensión de la construcción de la central Gunaa Sicarú.

    Ante la determinación de dichas autoridades de suspender la consulta, la defensoría puntualizó el incremento de inseguridad que han sufrido los defensores de derechos humanos por los resultados obtenidos durante el movimiento de defensa, particularmente las suspensiones del procedimiento de consulta indígena, otorgadas por la Jueza Elizabeth Franco Cervantes.

    El contexto descrito se suma a las circunstancias actuales de plebiscitos electorales, de la reconstrucción de la comunidad después de los sismos de septiembre del 2017 (y posteriores) que han ocasionado que la comunidad se encuentre vulnerable, lo cual ha llevado a que la propia Defensoría haya otorgado medidas cautelares a efecto de que la Policía Estatal realizara recorridos de seguridad en Unión Hidalgo, con la finalidad de evitar agresiones hacia los defensores comunitarios y hacia la comunidad.

    La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitió la Alerta Temprana, al considerar que las situaciones anteriormente narradas evidencian la situación de peligro e inseguridad que prevalece en la región, particularmente en Unión Hidalgo, por la implementación del proyecto de EDF Gunaa Sicarú.

     

                              

    Ciudad de México a 20 de junio del 2018

     

     

    • Han pasado 9 meses desde el sismo del 19S y autoridades muestran poco avance en atención a víctimas.
    • Víctimas están en riesgo ante impunidad y faltan garantías para acceder a la justicia y debida reparación.

     

    19 de junio de 2018

     

    El día 19 de septiembre de 2017 la Ciudad de México, junto con  varios pueblos y otras ciudades de la zona centro del país, experimentó un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter, el cual dejó a miles de personas afectadas no solamente en sus condiciones de vivienda y trabajo, sino en su proyecto de vida. Ante la contingencia, las autoridades locales y federales mostraron ser insuficientes para garantizar el bienestar de la población, mientras la sociedad civil se organizó efectiva y solidariamente desde el primer momento.

    El sismo ocasionó una gran cantidad de daños a la vida de cientos de familias y personas, además de lamentables pérdidas humanas. Esto, aunado a la afectación material y a los impactos psicosociales que tuvo en las personas, se tradujo también en violaciones a los derechos humanos debido a las acciones y omisiones de integrantes de protección civil de la Ciudad de México, de las policías local y federal, del ejército, y del personal encargado de la atención de albergues, entre otros; así como por parte del entonces Jefe de Gobierno, quien no estuvo a la altura de las emergencias.

    Las organizaciones defensoras de derechos humanos abajo firmantes vemos con preocupación que, a nueve meses del sismo, las violaciones a derechos humanos continúan e incluso podrían multiplicarse. Por un lado, observamos el irrazonable retraso en cuanto a llevar a cabo acciones concisas para la reconstrucción, siendo que se cuenta con recursos destinados específicamente para ello. Por el otro, en lo referente a procesos de familias que buscan y exigen su derecho de acceso a la justicia, observamos que instancias como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, encargadas de investigar los hechos registrados en los edificios colapsados, están en evidente retraso y estancamiento respecto a estas investigaciones. A la fecha, víctimas que perdieron familiares han visto impedido su derecho a una debida indemnización, y mucho menos han obtenido información de parte de las autoridades sobre los avances en las investigaciones y las responsabilidades que deben fincarse no sólo a particulares, que podrían sustraerse de la justicia, sino también a funcionarios públicos por las correspondientes violaciones a derechos humanos derivadas de la corrupción.

    El Estado mexicano no puede, tras nueve meses de ocurrido el siniestro, eximirse de sus responsabilidades bajo pretexto de lo impredecible del sismo; al contrario, debe garantizar en todo momento el acceso a los derechos fundamentales, así como las condiciones necesarias para que no vuelvan a repetirse las lamentables situaciones que detonó, en esta ocasión, el 19S. Por ello, las organizaciones firmantes seguiremos atentas a que no se deje en el olvido a las y los damnificados y familias de personas que perdieron la vida en los hechos.

    Asimismo, hacemos un llamado tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a continuar con las investigaciones por violaciones a derechos humanos, con base en el acompañamiento efectivo a las víctimas y dando cuenta de la información que organizaciones defensoras derechos humanos les hemos allegado.

    A 9 meses, la justicia y la reparación deben ser temas que asuma el Estado sin menoscabo. Los desastres socialmente construidos deben investigarse con una perspectiva de combate a la  corrupción, haciendo todo lo que se tenga al alcance para la no repetición de los daños ocasionados por las irregularidades registradas antes del sismo y la falta de actuación efectiva del Estado.

     

    Atentamente

     

    Alternativas Comunitarias para el Desarrollo Cacamatl, A.C.

    ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

    Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.

    Centro Nacional de Comunicación AC (Cencos)

    Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

    Documenta desde Abajo 19S

    Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

    Instituto para las Mujeres en la Migración A.C.

    Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)

    PODER, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación

    Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

    Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)

    Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)

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    • Sin autorización del ejido en 2011, durante la administración del gobernador de Quintana Roo -Félix González Canto-, se decretó parte del Ejido Dziuche como Reserva estatal.
    • En marzo de 2018, Comisariado Ejidal en funciones, promovió un amparo en contra de autoridades del gobierno del Estado de Quintana Roo; Juzgado de Distrito en Chetumal inicialmente lo desechó.
    • El Área Natural Protegida, a pesar de que oficialmente busca ser preservada, abre la puerta a terceros y empresas para el uso y goce de la administración y de los recursos naturales, con exclusión del Ejido.
    • Resolución representa un gran avance en la defensa de derechos ejidales: ProDESC

     

    El Ejido de Dziuche, en José María Morelos, Quintana Roo, con el acompañamiento jurídico del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), obtuvo la suspensión del Decreto como Área Natural Protegida, con categoría de Reserva Estatal, del Sistema Lagunar Chichankanab, que se ubica en tierras del Ejido. La suspensión fue concedida el 28 de junio pasado, por orden del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, radicado en Chetumal.

    La resolución que dictó el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, derivado del recurso de queja promovido por el Ejido Dziuche en contra de una resolución del Juzgado de Distrito, que inicialmente había declarado la improcedencia del juicio de amparo promovido por el Comisariado Ejidal en marzo pasado.

    La suspensión se concedió debido a que, el Decreto del Área Natural Protegida “puede tener por efecto privarlos [al Ejido] total o parcialmente en forma definitiva de la propiedad, posesión y disfrute de sus derechos agrarios propiedad de dicho Ejido dentro de las que se ubica gran parte de la laguna de Chichankanab”. Por lo anterior, ninguna autoridad del Estado de Quintana Roo puede legalmente desarrollar acto alguno que afecte los derechos del Ejido Dziuche sobre su territorio, incluida la laguna.

    Cabe mencionar que el Ejido Dziuche, con base en los derechos reconocidos en la Ley Agraria y otros cuerpos normativos, ha aprovechado de manera sostenible los recursos que posee. La gestión que hace el Ejido Dziuche de sus tierras integra un aprovechamiento forestal en cinco mil hectáreas; y la protección de más de cuatro mil hectáreas de selva bajo los esquemas de Unidad de Manejo Ambiental y Pago por Servicios Ambientales. El Ejido opera estas estrategias de manejo bajo reglas estrictas acordadas en el seno de su máxima autoridad, y preocupa que el polígono decretado como área protegida se sobrepone con dichas estrategias.

    También administra el ingreso a la Laguna Chichankanab, abierta al público para disfrute de familias locales, al ser el único balneario natural al que tienen acceso; la visitan además habitantes de poblados de Yucatán, como Peto, Tekax y Oxkutzcab.

    El Decreto del Área Natural Protegida se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 1 de abril de 2011, a pesar de que, desde 28 de junio de 2009, la Asamblea del Ejido Dziuche rechazó ceder 14 mil 026 hectáreas de su propiedad, para convertirlas en área natural protegida estatal, tal como lo solicitaron representantes del gobierno estatal, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y de la Asociación Amigos de Sian Ka’an. De este modo, las autoridades responsables nunca obtuvieron la autorización de la Asamblea Ejidal para que sus tierras fueran parte del área natural.

    Aunque el referido Decreto establece que la administración, conservación, desarrollo y preservación de los ecosistemas y sus elementos, quedan a cargo de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), con posterioridad señala que tal Secretaría puede celebrar convenios de concertación para “concesionar la administración del área protegida”. De este modo, el polígono del área natural protegida –que abarca una superficie de 11 mil 609 hectáreas terrestres y lagunares de gran valor ecológico- abre la puerta a que terceros (como empresas o asociaciones civiles) exploten, con exclusión del Ejido, los recursos naturales que legalmente le corresponden a Dziuche.

    Por tal motivo, el 26 de marzo de 2018 el Ejido, acompañado en lo jurídico por ProDESC, promovió una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien inicialmente la desechó por improcedente, al supuestamente haberse promovido fuera de los plazos legales. En respuesta, el Ejido promovió un recurso de queja en contra de la resolución del Juzgado de Distrito. El fallo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito fue favorable y ordenó al Juzgado a admitir la demanda a trámite.

    “El Ejido abarca 27 mil 703 hectáreas, así que prácticamente la mitad del ejido queda dentro del polígono reservado. El área natural se promulgó sin nuestro consentimiento, porque nosotros en una Asamblea en 2009 dijimos que no estábamos de acuerdo, sin embargo, el decreto se publicó el 1 de abril de 2011”, expresó el Presidente del Comisariado Ejidal, Alberto Burgos Medina.

    De acuerdo con Juan Antonio López Cruz, Coordinador del área de Justicia Transnacional de ProDESC, la resolución representa un hito en el reconocimiento de los derechos agrarios y de propiedad, para garantizarles a los núcleos agrarios la posesión, uso, administración y goce de sus tierras.

    La laguna de Chichankanab posee un alto valor ancestral para la comunidad de Dziuche –que además de ser Ejido es una comunidad indígena- pues en ella se celebran aún rituales ligados a la cultura maya, como “Las Primicias”, para dar gracias a las deidades por la lluvia y el sol, y renovar los votos con la naturaleza, con la Madre Tierra, en los que participa todo el pueblo, lo cual garantiza la conservación de sus tradiciones y usos y costumbres.

     

    Ciudad de México, a 27 de agosto del 2018.

     

     

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    • Reconoce autoridad judicial la falta de condiciones naturales y sociales, para un ejercicio del derecho a la consulta libre, de buena fe y adecuada a las circunstancias, derivada de los próximos plebiscitos electorales a celebrarse en la comunidad de Unión Hidalgo a nivel federal, así como por los sismos de septiembre del 2017.
    • Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca confirma y otorga suspensiones definitivas del Procedimiento de Consulta, y para la construcción y operación de proyecto eólico, en los juicios de amparo presentados por integrantes de la comunidad.

    La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, obtuvo dos suspensiones definitivas para evitar se continúe con el Procedimiento de Consulta indígena sobre el proyecto central eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. –filial de la transnacional francesa EDF EN-, así como la suspensión a efecto de que no se realice la construcción y operación de dicho parque eólico.

    Previamente, con fecha 12 de abril del 2018, el mismo juzgado otorgó suspensiones provisionales del Procedimiento de Consulta, y para la construcción y operación de proyecto eólico, en los juicios de amparo presentados por integrantes de la comunidad como parte del acompañamiento jurídico de ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C).

    El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca resolvió, con fechas 3 y 4 de mayo del 2018, que “no se lleve a cabo o se continúe (de haberse iniciado) el Procedimiento de Consulta por no existir condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017 y los subsecuentes), ni condiciones sociales por los conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad dados los próximos plebiscitos electorales a nivel municipal, así como por los eventos culturales por fiestas patronales, ya que esos aspectos podrían influir en la decisión que en su caso, adopte la comunidad indígena; así como para que no se inicie la construcción y operación del proyecto central eólica Gunaa Sicarú, en la comunidad indígena”.

    La Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener), autoridades federales, estatales y municipales encargados del Procedimiento de Consulta tienen que suspender definitivamente los procesos, que habían iniciado con la fase de Planeación para la realización de la Consulta y con el inicio de la Fase de Acuerdos Previos convocada mediante asamblea el 11 de abril pasado.

    Lo anterior “pues de continuarse con el proceso de consulta sin que se garanticen los más altos estándares internacionales […] para la implementación del proceso de consulta, previa, libre e informada a la comunidad indígena de mérito, se generaría un perjuicio a la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca.”

    Con esta determinación, el Juzgado Federal que concedió la medida suspensional definitiva determinó que “no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público” sino por el contrario se pretende “hacer valer un derecho fundamental de los pueblos originarios respecto de su territorio a ser consultados previamente de manera libre, informada, de buena fe respecto de los proyectos de desarrollo o inversión dentro de los territorios tradicionales indígenas y la correlativa, el deber del Estado de establecer el mecanismo eficaz para la reparación justa”.

    La comunidad ha señalado previamente y de manera reiterada a la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía, encargada de implementar la Consulta la falta de condiciones para su desarrollo y para garantizar que cumpla con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por tanto la consulta impulsada no es idónea ni adecuada.

    Las prioridades de desarrollo de la comunidad están centradas en el proceso de reconstrucción después de los sismos de año pasado, por tal: no hay condiciones de normalidad, ya que al menos el 70% del total de viviendas se encuentran dañadas y 300 viviendas se desplomaron por completo; las necesidades básicas de vivienda, vida digna, salud y educación no se han restablecido y ha prevalecido la entrega irregular de apoyos.

    Continúa el riesgo real de actos de violencia generados por la jornada electoral, como lo demuestran casos de confrontación recientes en la región del Istmo de Tehuantepec, los cuales manifiestan vínculos directos o indirectos con los procesos electorales y las dinámicas políticas locales.

    Los esfuerzos de la población se centran en la Reconstrucción y el restablecimiento de la normalidad que incluyen la recuperación de su vida cultural, como es el caso de los festejos de las tradicionales Velas, por lo cual reiteramos que una consulta debe ser culturalmente adecuada y no en un momento en que la comunidad se encuentra enfocada en resolver los acontecimientos mencionados.

    Con la determinación emitida por el Juzgado de Distrito, se reconoció la obligación del Estado Mexicano de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre Consulta Indígena.

    La resolución obtenida suma a las acciones legales, que la comunidad de Unión Hidalgo y ProDESC han desarrollado en defensa del territorio y los bienes naturales, en relación con el parque eólico Gunaa Sicarú tales como quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México, y ante el Punto Nacional de Contacto en Francia de la OCDE.

     

                                         Ciudad de México, 15 de mayo de 2018

     

  • Multimedia

     

    Te invitamos a conocer la historia de defensa de la tierra y los bienes naturales del Ejido La Sierrita en Durango ante la industria extractiva.

     

    En Entrevisa para Contralínea TV, Elena Villafuerte, integrante del Área de Justicia Transnacional acompañada de Fernanda Hopenhaym, Subdirectora de PODER hablan sobre la visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos a México.

     

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