Eólicas

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    • La alerta temprana tiene el fin de atender casos graves y de imposible reparación en situaciones en que se tenga conocimiento de presuntas violaciones generalizadas a los derechos humanos.
    • Las defensoras y defensores de derechos humanos de Unión Hidalgo han sido expuestas y expuestos a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas en el ejercicio de la defensa de la tierra, el territorio y bienes naturales.
    • La alerta temprana está dirigida a las principales autoridades del Estado, para que cumplan con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de defensores comunitarios y de toda la comunidad de Unión Hidalgo.

     

    El 13 de junio del 2018, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitió y publicó el mecanismo de Alerta Temprana, previsto en la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por situación de alto riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, en el contexto del conflicto por la implementación de megaproyectos de energía eólica en la región.

    La Defensoría solicitó al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a la  Secretaría General de Gobierno; a la Secretaría de Asuntos Indígenas; a la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable; a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Unión Hidalgo, que se implementen acciones eficaces para la atención integral y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas y pueblos indígenas.

    El mecanismo se emite con el fin de prevenir a través de recomendaciones las posibles violaciones masivas de derechos humanos en los contextos de conflicto y amenazas de impacto social. En esta tesitura, la Defensoría consideró y señaló el contexto de la violencia e inseguridad en el que realizan su labor las personas defensoras de derechos humanos de Unión Hidalgo.

    Con la promoción del corredor eoloeléctrico del Istmo de Tehuantepec como principal generador de energía eólica en las últimas dos décadas, se han implementado diversos proyectos en la región, incluyendo el de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), filial de la empresa Renovalia Energy, que al instalarse en la comunidad de Unión Hidalgo sin el consentimiento, libre, previo e informado de la comunidad indígena zapoteca, género que se emprendieran acciones legales en defensa de sus derechos humanos a la tierra, territorio y bienes naturales en contra de los megaproyectos eólicos que han violado diversos derechos sociales, económicos y culturales reconocidos constitucional y convencionalmente.

    A raíz de la instalación de la empresa DEMEX en la comunidad, se ha desarrollado la defensa de sus derechos, erigiéndose como defensores y defensoras de derechos humanos en la comunidad de Unión Hidalgo. En el marco del ejercicio de la defensa han sido expuestos y expuestas a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas, de las cuales el organismo defensor de derechos humanos ha documentado y en razón de las cuales ha emitido diversas medidas cautelares a diferentes dependencias del gobierno del Estado desde noviembre de 2011.

    Debido a la situación de violencia a la que han sido sujetos los defensores y defensoras comunitarios, así como la población en general de Unión Hidalgo, a fin de garantizar sus derechos humanos a la vida, integridad personal y libertad la Defensoría sostiene mesas de trabajo mensuales con las y los beneficiarios y las autoridades del Estado en seguimiento a las medidas cautelares.

    No obstante, lo anterior, la situación de inseguridad para el ejercicio de la defensa de derechos humanos no ha variado en la comunidad, pues a partir de los diversos medios jurisdiccionales promovidos la comunidad tuvo conocimiento de la implementación de un nuevo proyecto a instalarse en la comunidad, se trata de la central eoloeléctrica denominada “Gunaa Sicarú” propiedad de la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional francesa EDF.

    Esta situación, desencadena el ejercicio de una serie de acciones judiciales y extrajudiciales por parte de los defensores comunitarios de Unión Hidalgo, por considerar que el Estado ha cometido violaciones a derechos humanos por la omisión de garantizar el respeto a los principios que debe satisfacer un proceso de consulta indígena, de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y en condiciones apropiadas.

    La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ejercicio de sus facultades otorgó medidas cautelares a fin de que la Secretaria de Energía a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial suspenda el procedimiento de consulta convocada para el 11 de abril del presente año, así como el otorgamiento de las suspensiones provisionales y definitivas por parte del Juzgado Primero de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de la consulta y sobre la suspensión de la construcción de la central Gunaa Sicarú.

    Ante la determinación de dichas autoridades de suspender la consulta, la defensoría puntualizó el incremento de inseguridad que han sufrido los defensores de derechos humanos por los resultados obtenidos durante el movimiento de defensa, particularmente las suspensiones del procedimiento de consulta indígena, otorgadas por la Jueza Elizabeth Franco Cervantes.

    El contexto descrito se suma a las circunstancias actuales de plebiscitos electorales, de la reconstrucción de la comunidad después de los sismos de septiembre del 2017 (y posteriores) que han ocasionado que la comunidad se encuentre vulnerable, lo cual ha llevado a que la propia Defensoría haya otorgado medidas cautelares a efecto de que la Policía Estatal realizara recorridos de seguridad en Unión Hidalgo, con la finalidad de evitar agresiones hacia los defensores comunitarios y hacia la comunidad.

    La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitió la Alerta Temprana, al considerar que las situaciones anteriormente narradas evidencian la situación de peligro e inseguridad que prevalece en la región, particularmente en Unión Hidalgo, por la implementación del proyecto de EDF Gunaa Sicarú.

     

                              

    Ciudad de México a 20 de junio del 2018

     

     

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    • Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca concede suspensiones provisionales del Procedimiento de Consulta a la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, así como de la construcción y operación del proyecto del parque eólico, a partir de juicios de amparo presentados por integrantes de la comunidad con el acompañamiento de ProDESC.
    • Reconoce autoridad judicial que en Unión Hidalgo no existen condiciones naturales y sociales que permitan ejercer el derecho a la consulta libre, de buena fe y adecuada a las circunstancias.
    • De continuarse con el proceso de consulta, se generaría un daño irreparable a la comunidad zapoteca, señala la resolución provisional.

    Derivado de juicios de amparo interpuestos con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (ProDESC), la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, obtuvo suspensiones provisionales para efectos de que no se continúe el Procedimiento de Consulta indígena sobre el proyecto central eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. –filial de la transnacional francesa EDF EN-, ni se inicie la construcción y operación de dicho parque eólico.

    Lo anterior, luego de que un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca resolviera de manera histórica y creando un precedente favorable a la defensa de los derechos de comunidades indígenas, que “no exist[en] condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de dos mil diecisiete), ni condiciones sociales por los conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad dados los próximos plebiscitos electorales a nivel municipal, así como eventos culturales por fiestas patronales, ya que esos aspectos podrían influir en la decisión que en su caso, adopte la comunidad indígena; así como para que no se inicie la construcción y operación del proyecto central eólica Gunaa Sicarú”.

    La determinación se traduce en que ni la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía, ni una serie de autoridades federales, estatales y municipales, puedan continuar con el Procedimiento de Consulta sobre la construcción y operación del parque eólico, que habían ya iniciado desde el año pasado con actos de la fase de Plan de Consulta, y el 11 de abril pasado, con la primer Asamblea de la Fase de Acuerdos Previos.

    Con esta determinación, el Juzgado Federal que concedió la medida suspensional recoge lo que la comunidad ya ha señalado previamente, en el sentido de la falta de condiciones para el desarrollo de un procedimiento de consulta que cumpla con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

    La consulta impulsada actualmente por la Secretaría de Energía no es idónea ni adecuada, pues las prioridades de desarrollo de la comunidad están centradas en el proceso de reconstrucción después de los sismos del septiembre del 2017, en donde la comunidad de Unión Hidalgo resultó la segunda comunidad más afectada de la región, por tal:

    • No hay condiciones de normalidad, ya que al menos el 70% del total de viviendas se encuentran dañadas; 300 viviendas se desplomaron por completo.
    • Las necesidades básicas de vivienda, vida digna, salud y educación no se han restablecido y ha prevalecido la entrega irregular de apoyos.

    A ello se suma el inicio del periodo de campañas en los procesos electorales federal y local, por lo que existe un riesgo real de actos de violencia, como lo demuestran casos de confrontación recientes en la región del Istmo de Tehuantepec, los cuales manifiestan vínculos directos o indirectos con los procesos electorales y las dinámicas políticas locales.

    Por otro lado, las festividades más arraigadas de la comunidad zapoteca son las fiestas tradicionales de las Velas, que inician en el mes de mayo y sus habitantes se enfocan totalmente en esas festividades, mismas que representan no sólo la unión de las familias sino también la participación de cada uno de los integrantes del pueblo, por lo cual los tiempos establecidos por la Secretaría de Energía para el desarrollo de la consulta no son culturalmente adecuados.

    Con la determinación emitida por el Juzgado de Distrito, se reconoció la obligación del Estado Mexicano de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre Consulta Indígena.

    La resolución obtenida se enmarca en las acciones legales que la comunidad de Unión Hidalgo, con el acompañamiento de ProDESC, ha desarrollado en defensa de su territorio y bienes naturales en relación con el parque eólico Gunaa Sicarú, tales como una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se solicitó el otorgamiento de medidas cautelares, mismas que en un acto histórico para dicha Comisión Nacional de Derechos Humanos, determinó conceder, suspendiendo de igual forma la consulta indígena que intentan realizar las autoridades de los tres niveles. 

    Asimismo se presentó una queja ante el Punto Nacional de Contacto en Francia de la OCDE en febrero pasado, por posibles violaciones a derechos humanos cometidas por la empresa EDF y sus filiales en México. Cabe señalar que desde julio de 2017, la comunidad presentó un amparo contra el permiso de generación de energía eléctrica otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) respecto del parque eólico Gunaa Sicarú, por haber sido otorgado sin consultar previamente a la comunidad, mismo que actualmente se encuentra en trámite.

     

     

    Ciudad de México, 25 de abril de 2018.

     

     

     

     

     

     

    Comunicación ProDESC

     

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    • La SCJN atrajo para su resolución amparos en revisión sobre Consulta indígena; con ello se dotaría de contenido mínimo a parámetros tanto de las etapas como de principios que rigen el derecho humano a la Consulta Indígena: previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
    • Se establece un precedente favorable para los derechos humanos, de los pueblos y de las comunidades indígenas en México.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo amparos en revisión interpuestos por integrantes de la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en acompañamiento de ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C.), para establecer contenidos y alcances de cada uno de los principios de la consulta indígena.

    La Primera Sala de la Suprema Corte sesionó públicamente el día 02 de mayo del presente y decidió atraer para su resolución el fondo del asunto, los amparos en revisión 166/2017 y 476/2017, presentados en contra de las sentencias dictadas por los Juzgados Séptimo y Sexto de Distrito (respectivamente) con residencia en Salina Cruz, Oaxaca.

    Dichos amparos fueron interpuestos por indígenas zapotecas contra la consulta indígena realizada durante 2014 y 2015 en la comunidad de Juchitán de Zaragoza, para la implementación del proyecto eólico de la empresa Eólica del Sur, filial de la transnacional Mitsubishi; fue para México la primera Consulta a una comunidad indígena desarrollada en el marco de la reforma energética del 2013.

    En dicho proceso de “consulta” existieron violaciones, por las autoridades mexicanas, a los estándares internacionales que debe cumplir una Consulta. Entre las violaciones se encuentran: el otorgamiento de los permisos por parte de las autoridades administrativas para la generación de energía eléctrica y la autorización de impacto ambiental antes de que la comunidad fuera consultada; la falta de acceso a la información pertinente, suficiente, útil y de calidad; la ausencia de adecuación cultural del procedimiento a las necesidades culturales de la comunidad, y la falta de cuidado de las autoridades responsables del proceso frente a la cosmovisión indígena zapoteca de la comunidad; lo anterior, además de la existencia de más de 30 incidentes de seguridad.

    No obstante, las violaciones referidas, dicho proceso pretende ser replicado como el modelo de “consulta” del Estado Mexicano para futuros proyectos de energía aún violentando la obligación de ser previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Por ello, es trascendental que la Suprema Corte analice las violaciones a derechos humanos cometidas antes y durante el proceso de consulta.

    Conforme a lo anterior, con la resolución de los amparos en revisión atraídos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dotaría de contenido mínimo a principios que regirían el derecho humano a la Consulta, además de sentar un precedente histórico que reivindicaría al Estado Mexicano, que generalmente ha invisibilizado a los pueblos y comunidades indígenas sobre la toma de decisiones sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales.

    Cabe señalar que el 24 de abril pasado, en el marco del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, autoridades mexicanas reconocieron que el Estado Mexicano tiene una deuda pendiente con los pueblos indígenas en la implementación del derecho a la consulta a pueblos y comunidades indígenas en los casos en que se impulsen mega proyectos en sus territorios por lo que la aportación de la Suprema Corte de Justicia sería sustancial y aportaría a saldar de alguna forma parte de la deuda que se tiene con los pueblos y comunidades indígenas del país, en términos de justicia.

    La implementación de megaproyectos de energía “renovable” en la región del Istmo de Tehuantepec, ha obligado a las comunidades a reorganizarse en torno a la defensa de su territorio. La comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza inició, desde 2013, un proceso de defensa legal y organizativa de su tierra y territorio con el acompañamiento de ProDESC; esta serie de amparos se suma a las diversas acciones legales que la comunidad zapoteca ejerce en defensa de sus derechos.

    Ciudad de México a 03 de mayo del 2018.

     

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