Reconstrucción

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    • La alerta temprana tiene el fin de atender casos graves y de imposible reparación en situaciones en que se tenga conocimiento de presuntas violaciones generalizadas a los derechos humanos.
    • Las defensoras y defensores de derechos humanos de Unión Hidalgo han sido expuestas y expuestos a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas en el ejercicio de la defensa de la tierra, el territorio y bienes naturales.
    • La alerta temprana está dirigida a las principales autoridades del Estado, para que cumplan con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de defensores comunitarios y de toda la comunidad de Unión Hidalgo.

     

    El 13 de junio del 2018, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitió y publicó el mecanismo de Alerta Temprana, previsto en la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por situación de alto riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, en el contexto del conflicto por la implementación de megaproyectos de energía eólica en la región.

    La Defensoría solicitó al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a la  Secretaría General de Gobierno; a la Secretaría de Asuntos Indígenas; a la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable; a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Unión Hidalgo, que se implementen acciones eficaces para la atención integral y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas y pueblos indígenas.

    El mecanismo se emite con el fin de prevenir a través de recomendaciones las posibles violaciones masivas de derechos humanos en los contextos de conflicto y amenazas de impacto social. En esta tesitura, la Defensoría consideró y señaló el contexto de la violencia e inseguridad en el que realizan su labor las personas defensoras de derechos humanos de Unión Hidalgo.

    Con la promoción del corredor eoloeléctrico del Istmo de Tehuantepec como principal generador de energía eólica en las últimas dos décadas, se han implementado diversos proyectos en la región, incluyendo el de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), filial de la empresa Renovalia Energy, que al instalarse en la comunidad de Unión Hidalgo sin el consentimiento, libre, previo e informado de la comunidad indígena zapoteca, género que se emprendieran acciones legales en defensa de sus derechos humanos a la tierra, territorio y bienes naturales en contra de los megaproyectos eólicos que han violado diversos derechos sociales, económicos y culturales reconocidos constitucional y convencionalmente.

    A raíz de la instalación de la empresa DEMEX en la comunidad, se ha desarrollado la defensa de sus derechos, erigiéndose como defensores y defensoras de derechos humanos en la comunidad de Unión Hidalgo. En el marco del ejercicio de la defensa han sido expuestos y expuestas a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas, de las cuales el organismo defensor de derechos humanos ha documentado y en razón de las cuales ha emitido diversas medidas cautelares a diferentes dependencias del gobierno del Estado desde noviembre de 2011.

    Debido a la situación de violencia a la que han sido sujetos los defensores y defensoras comunitarios, así como la población en general de Unión Hidalgo, a fin de garantizar sus derechos humanos a la vida, integridad personal y libertad la Defensoría sostiene mesas de trabajo mensuales con las y los beneficiarios y las autoridades del Estado en seguimiento a las medidas cautelares.

    No obstante, lo anterior, la situación de inseguridad para el ejercicio de la defensa de derechos humanos no ha variado en la comunidad, pues a partir de los diversos medios jurisdiccionales promovidos la comunidad tuvo conocimiento de la implementación de un nuevo proyecto a instalarse en la comunidad, se trata de la central eoloeléctrica denominada “Gunaa Sicarú” propiedad de la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional francesa EDF.

    Esta situación, desencadena el ejercicio de una serie de acciones judiciales y extrajudiciales por parte de los defensores comunitarios de Unión Hidalgo, por considerar que el Estado ha cometido violaciones a derechos humanos por la omisión de garantizar el respeto a los principios que debe satisfacer un proceso de consulta indígena, de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y en condiciones apropiadas.

    La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ejercicio de sus facultades otorgó medidas cautelares a fin de que la Secretaria de Energía a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial suspenda el procedimiento de consulta convocada para el 11 de abril del presente año, así como el otorgamiento de las suspensiones provisionales y definitivas por parte del Juzgado Primero de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de la consulta y sobre la suspensión de la construcción de la central Gunaa Sicarú.

    Ante la determinación de dichas autoridades de suspender la consulta, la defensoría puntualizó el incremento de inseguridad que han sufrido los defensores de derechos humanos por los resultados obtenidos durante el movimiento de defensa, particularmente las suspensiones del procedimiento de consulta indígena, otorgadas por la Jueza Elizabeth Franco Cervantes.

    El contexto descrito se suma a las circunstancias actuales de plebiscitos electorales, de la reconstrucción de la comunidad después de los sismos de septiembre del 2017 (y posteriores) que han ocasionado que la comunidad se encuentre vulnerable, lo cual ha llevado a que la propia Defensoría haya otorgado medidas cautelares a efecto de que la Policía Estatal realizara recorridos de seguridad en Unión Hidalgo, con la finalidad de evitar agresiones hacia los defensores comunitarios y hacia la comunidad.

    La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitió la Alerta Temprana, al considerar que las situaciones anteriormente narradas evidencian la situación de peligro e inseguridad que prevalece en la región, particularmente en Unión Hidalgo, por la implementación del proyecto de EDF Gunaa Sicarú.

     

                              

    Ciudad de México a 20 de junio del 2018

     

     

    • Han pasado 9 meses desde el sismo del 19S y autoridades muestran poco avance en atención a víctimas.
    • Víctimas están en riesgo ante impunidad y faltan garantías para acceder a la justicia y debida reparación.

     

    19 de junio de 2018

     

    El día 19 de septiembre de 2017 la Ciudad de México, junto con  varios pueblos y otras ciudades de la zona centro del país, experimentó un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter, el cual dejó a miles de personas afectadas no solamente en sus condiciones de vivienda y trabajo, sino en su proyecto de vida. Ante la contingencia, las autoridades locales y federales mostraron ser insuficientes para garantizar el bienestar de la población, mientras la sociedad civil se organizó efectiva y solidariamente desde el primer momento.

    El sismo ocasionó una gran cantidad de daños a la vida de cientos de familias y personas, además de lamentables pérdidas humanas. Esto, aunado a la afectación material y a los impactos psicosociales que tuvo en las personas, se tradujo también en violaciones a los derechos humanos debido a las acciones y omisiones de integrantes de protección civil de la Ciudad de México, de las policías local y federal, del ejército, y del personal encargado de la atención de albergues, entre otros; así como por parte del entonces Jefe de Gobierno, quien no estuvo a la altura de las emergencias.

    Las organizaciones defensoras de derechos humanos abajo firmantes vemos con preocupación que, a nueve meses del sismo, las violaciones a derechos humanos continúan e incluso podrían multiplicarse. Por un lado, observamos el irrazonable retraso en cuanto a llevar a cabo acciones concisas para la reconstrucción, siendo que se cuenta con recursos destinados específicamente para ello. Por el otro, en lo referente a procesos de familias que buscan y exigen su derecho de acceso a la justicia, observamos que instancias como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, encargadas de investigar los hechos registrados en los edificios colapsados, están en evidente retraso y estancamiento respecto a estas investigaciones. A la fecha, víctimas que perdieron familiares han visto impedido su derecho a una debida indemnización, y mucho menos han obtenido información de parte de las autoridades sobre los avances en las investigaciones y las responsabilidades que deben fincarse no sólo a particulares, que podrían sustraerse de la justicia, sino también a funcionarios públicos por las correspondientes violaciones a derechos humanos derivadas de la corrupción.

    El Estado mexicano no puede, tras nueve meses de ocurrido el siniestro, eximirse de sus responsabilidades bajo pretexto de lo impredecible del sismo; al contrario, debe garantizar en todo momento el acceso a los derechos fundamentales, así como las condiciones necesarias para que no vuelvan a repetirse las lamentables situaciones que detonó, en esta ocasión, el 19S. Por ello, las organizaciones firmantes seguiremos atentas a que no se deje en el olvido a las y los damnificados y familias de personas que perdieron la vida en los hechos.

    Asimismo, hacemos un llamado tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a continuar con las investigaciones por violaciones a derechos humanos, con base en el acompañamiento efectivo a las víctimas y dando cuenta de la información que organizaciones defensoras derechos humanos les hemos allegado.

    A 9 meses, la justicia y la reparación deben ser temas que asuma el Estado sin menoscabo. Los desastres socialmente construidos deben investigarse con una perspectiva de combate a la  corrupción, haciendo todo lo que se tenga al alcance para la no repetición de los daños ocasionados por las irregularidades registradas antes del sismo y la falta de actuación efectiva del Estado.

     

    Atentamente

     

    Alternativas Comunitarias para el Desarrollo Cacamatl, A.C.

    ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

    Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.

    Centro Nacional de Comunicación AC (Cencos)

    Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

    Documenta desde Abajo 19S

    Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

    Instituto para las Mujeres en la Migración A.C.

    Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)

    PODER, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación

    Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

    Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)

    Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)

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