suspensiones definitivas

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    • La alerta temprana tiene el fin de atender casos graves y de imposible reparación en situaciones en que se tenga conocimiento de presuntas violaciones generalizadas a los derechos humanos.
    • Las defensoras y defensores de derechos humanos de Unión Hidalgo han sido expuestas y expuestos a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas en el ejercicio de la defensa de la tierra, el territorio y bienes naturales.
    • La alerta temprana está dirigida a las principales autoridades del Estado, para que cumplan con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de defensores comunitarios y de toda la comunidad de Unión Hidalgo.

     

    El 13 de junio del 2018, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitió y publicó el mecanismo de Alerta Temprana, previsto en la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por situación de alto riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, en el contexto del conflicto por la implementación de megaproyectos de energía eólica en la región.

    La Defensoría solicitó al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a la  Secretaría General de Gobierno; a la Secretaría de Asuntos Indígenas; a la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable; a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Unión Hidalgo, que se implementen acciones eficaces para la atención integral y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas y pueblos indígenas.

    El mecanismo se emite con el fin de prevenir a través de recomendaciones las posibles violaciones masivas de derechos humanos en los contextos de conflicto y amenazas de impacto social. En esta tesitura, la Defensoría consideró y señaló el contexto de la violencia e inseguridad en el que realizan su labor las personas defensoras de derechos humanos de Unión Hidalgo.

    Con la promoción del corredor eoloeléctrico del Istmo de Tehuantepec como principal generador de energía eólica en las últimas dos décadas, se han implementado diversos proyectos en la región, incluyendo el de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), filial de la empresa Renovalia Energy, que al instalarse en la comunidad de Unión Hidalgo sin el consentimiento, libre, previo e informado de la comunidad indígena zapoteca, género que se emprendieran acciones legales en defensa de sus derechos humanos a la tierra, territorio y bienes naturales en contra de los megaproyectos eólicos que han violado diversos derechos sociales, económicos y culturales reconocidos constitucional y convencionalmente.

    A raíz de la instalación de la empresa DEMEX en la comunidad, se ha desarrollado la defensa de sus derechos, erigiéndose como defensores y defensoras de derechos humanos en la comunidad de Unión Hidalgo. En el marco del ejercicio de la defensa han sido expuestos y expuestas a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas, de las cuales el organismo defensor de derechos humanos ha documentado y en razón de las cuales ha emitido diversas medidas cautelares a diferentes dependencias del gobierno del Estado desde noviembre de 2011.

    Debido a la situación de violencia a la que han sido sujetos los defensores y defensoras comunitarios, así como la población en general de Unión Hidalgo, a fin de garantizar sus derechos humanos a la vida, integridad personal y libertad la Defensoría sostiene mesas de trabajo mensuales con las y los beneficiarios y las autoridades del Estado en seguimiento a las medidas cautelares.

    No obstante, lo anterior, la situación de inseguridad para el ejercicio de la defensa de derechos humanos no ha variado en la comunidad, pues a partir de los diversos medios jurisdiccionales promovidos la comunidad tuvo conocimiento de la implementación de un nuevo proyecto a instalarse en la comunidad, se trata de la central eoloeléctrica denominada “Gunaa Sicarú” propiedad de la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional francesa EDF.

    Esta situación, desencadena el ejercicio de una serie de acciones judiciales y extrajudiciales por parte de los defensores comunitarios de Unión Hidalgo, por considerar que el Estado ha cometido violaciones a derechos humanos por la omisión de garantizar el respeto a los principios que debe satisfacer un proceso de consulta indígena, de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y en condiciones apropiadas.

    La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ejercicio de sus facultades otorgó medidas cautelares a fin de que la Secretaria de Energía a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial suspenda el procedimiento de consulta convocada para el 11 de abril del presente año, así como el otorgamiento de las suspensiones provisionales y definitivas por parte del Juzgado Primero de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de la consulta y sobre la suspensión de la construcción de la central Gunaa Sicarú.

    Ante la determinación de dichas autoridades de suspender la consulta, la defensoría puntualizó el incremento de inseguridad que han sufrido los defensores de derechos humanos por los resultados obtenidos durante el movimiento de defensa, particularmente las suspensiones del procedimiento de consulta indígena, otorgadas por la Jueza Elizabeth Franco Cervantes.

    El contexto descrito se suma a las circunstancias actuales de plebiscitos electorales, de la reconstrucción de la comunidad después de los sismos de septiembre del 2017 (y posteriores) que han ocasionado que la comunidad se encuentre vulnerable, lo cual ha llevado a que la propia Defensoría haya otorgado medidas cautelares a efecto de que la Policía Estatal realizara recorridos de seguridad en Unión Hidalgo, con la finalidad de evitar agresiones hacia los defensores comunitarios y hacia la comunidad.

    La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitió la Alerta Temprana, al considerar que las situaciones anteriormente narradas evidencian la situación de peligro e inseguridad que prevalece en la región, particularmente en Unión Hidalgo, por la implementación del proyecto de EDF Gunaa Sicarú.

     

                              

    Ciudad de México a 20 de junio del 2018

     

     

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    • Reconoce autoridad judicial la falta de condiciones naturales y sociales, para un ejercicio del derecho a la consulta libre, de buena fe y adecuada a las circunstancias, derivada de los próximos plebiscitos electorales a celebrarse en la comunidad de Unión Hidalgo a nivel federal, así como por los sismos de septiembre del 2017.
    • Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca confirma y otorga suspensiones definitivas del Procedimiento de Consulta, y para la construcción y operación de proyecto eólico, en los juicios de amparo presentados por integrantes de la comunidad.

    La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, obtuvo dos suspensiones definitivas para evitar se continúe con el Procedimiento de Consulta indígena sobre el proyecto central eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. –filial de la transnacional francesa EDF EN-, así como la suspensión a efecto de que no se realice la construcción y operación de dicho parque eólico.

    Previamente, con fecha 12 de abril del 2018, el mismo juzgado otorgó suspensiones provisionales del Procedimiento de Consulta, y para la construcción y operación de proyecto eólico, en los juicios de amparo presentados por integrantes de la comunidad como parte del acompañamiento jurídico de ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C).

    El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca resolvió, con fechas 3 y 4 de mayo del 2018, que “no se lleve a cabo o se continúe (de haberse iniciado) el Procedimiento de Consulta por no existir condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017 y los subsecuentes), ni condiciones sociales por los conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad dados los próximos plebiscitos electorales a nivel municipal, así como por los eventos culturales por fiestas patronales, ya que esos aspectos podrían influir en la decisión que en su caso, adopte la comunidad indígena; así como para que no se inicie la construcción y operación del proyecto central eólica Gunaa Sicarú, en la comunidad indígena”.

    La Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener), autoridades federales, estatales y municipales encargados del Procedimiento de Consulta tienen que suspender definitivamente los procesos, que habían iniciado con la fase de Planeación para la realización de la Consulta y con el inicio de la Fase de Acuerdos Previos convocada mediante asamblea el 11 de abril pasado.

    Lo anterior “pues de continuarse con el proceso de consulta sin que se garanticen los más altos estándares internacionales […] para la implementación del proceso de consulta, previa, libre e informada a la comunidad indígena de mérito, se generaría un perjuicio a la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca.”

    Con esta determinación, el Juzgado Federal que concedió la medida suspensional definitiva determinó que “no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público” sino por el contrario se pretende “hacer valer un derecho fundamental de los pueblos originarios respecto de su territorio a ser consultados previamente de manera libre, informada, de buena fe respecto de los proyectos de desarrollo o inversión dentro de los territorios tradicionales indígenas y la correlativa, el deber del Estado de establecer el mecanismo eficaz para la reparación justa”.

    La comunidad ha señalado previamente y de manera reiterada a la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía, encargada de implementar la Consulta la falta de condiciones para su desarrollo y para garantizar que cumpla con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por tanto la consulta impulsada no es idónea ni adecuada.

    Las prioridades de desarrollo de la comunidad están centradas en el proceso de reconstrucción después de los sismos de año pasado, por tal: no hay condiciones de normalidad, ya que al menos el 70% del total de viviendas se encuentran dañadas y 300 viviendas se desplomaron por completo; las necesidades básicas de vivienda, vida digna, salud y educación no se han restablecido y ha prevalecido la entrega irregular de apoyos.

    Continúa el riesgo real de actos de violencia generados por la jornada electoral, como lo demuestran casos de confrontación recientes en la región del Istmo de Tehuantepec, los cuales manifiestan vínculos directos o indirectos con los procesos electorales y las dinámicas políticas locales.

    Los esfuerzos de la población se centran en la Reconstrucción y el restablecimiento de la normalidad que incluyen la recuperación de su vida cultural, como es el caso de los festejos de las tradicionales Velas, por lo cual reiteramos que una consulta debe ser culturalmente adecuada y no en un momento en que la comunidad se encuentra enfocada en resolver los acontecimientos mencionados.

    Con la determinación emitida por el Juzgado de Distrito, se reconoció la obligación del Estado Mexicano de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre Consulta Indígena.

    La resolución obtenida suma a las acciones legales, que la comunidad de Unión Hidalgo y ProDESC han desarrollado en defensa del territorio y los bienes naturales, en relación con el parque eólico Gunaa Sicarú tales como quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México, y ante el Punto Nacional de Contacto en Francia de la OCDE.

     

                                         Ciudad de México, 15 de mayo de 2018

     

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